Por: Eduardo Alejos Toribio
El proceso penal acusatorio contemporáneo se encuentra construido sobre una serie de garantías constitucionales destinadas a limitar el ejercicio arbitrario del poder punitivo del Estado. Entre ellas destacan la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado bajo reglas de inmediación y contradicción, así como la exigencia de una motivación racional de las resoluciones judiciales[1].
En ese contexto, surge la necesidad de reflexionar sobre el uso de las denominadas “nulidades aparentes”, entendidas como aquellas decisiones anulatorias que, bajo una aparente corrección formal, terminan convirtiéndose en nuevas oportunidades de persecución penal frente a absoluciones ya emitidas de manera válida y razonablemente motivada.
1. La absolución como manifestación de la presunción de inocencia
En un Estado Constitucional de Derecho, la presunción de inocencia no solo opera como una regla de trato hacia el imputado, sino también como una auténtica regla de juicio. Ello implica que toda sentencia condenatoria exige una actividad probatoria suficiente, legítima y capaz de generar certeza más allá de toda duda razonable.
Desde esta perspectiva, la absolución no debe interpretarse como un fracaso judicial ni como una decisión excepcional que requiere constante revisión. Por el contrario, representa una consecuencia natural del modelo acusatorio cuando el Ministerio Público no logra cumplir adecuadamente con su carga probatoria.
La lógica del proceso penal democrático no consiste en “insistir hasta condenar”, sino en verificar si el Estado logró acreditar responsabilidad penal respetando las garantías constitucionales del imputado[2]. Si ello no ocurre, la consecuencia legítima es la absolución.
Por esa razón, el tribunal revisor no puede asumir que toda absolución constituye un error susceptible de corrección. Hacerlo implicaría distorsionar el equilibrio entre persecución penal y garantías fundamentales, transformando el proceso en una dinámica orientada exclusivamente hacia la condena.
2. Los límites de la segunda instancia
Uno de los pilares del sistema acusatorio es el principio de inmediación. El juez que presencia directamente el juicio oral adquiere una posición privilegiada para valorar declaraciones testimoniales, pericias y demás medios probatorios personales.
La inmediación no constituye una mera formalidad procesal, sino una garantía vinculada a la autenticidad del juicio oral. Aspectos como la espontaneidad, coherencia, seguridad o contradicciones de un testigo solo pueden apreciarse plenamente por quien estuvo presente durante la actuación probatoria.
En consecuencia, la segunda instancia no puede convertirse en un “nuevo juicio” encubierto. Su función principal consiste en controlar la racionalidad de la motivación, verificar el respeto de las garantías procesales y examinar la legalidad de la decisión impugnada, mas no reemplazar arbitrariamente la valoración efectuada por el órgano jurisdiccional de primera instancia.
3. La nulidad de oficio y el riesgo de las nulidades aparentes
La nulidad procesal constituye un mecanismo excepcional orientado a corregir vulneraciones graves al debido proceso. Su finalidad no es reabrir debates ya resueltos ni permitir una nueva oportunidad para fortalecer una acusación deficiente.
No obstante, en determinados escenarios procesales, la nulidad termina siendo utilizada como una herramienta para cuestionar absoluciones incómodas[3].
Bajo argumentos relacionados con defectos de motivación, insuficiencia argumentativa o valoración indebida de la prueba, algunas decisiones anulatorias terminan encubriendo simples discrepancias interpretativas respecto del razonamiento absolutorio.
Es ahí donde surge la idea de las “nulidades aparentes”. Se trata de nulidades que formalmente invocan defectos procesales, pero que materialmente buscan reabrir la discusión probatoria y otorgar al Ministerio Público una nueva posibilidad de obtener condena.
Esta situación resulta problemática porque desnaturaliza el carácter excepcional de la nulidad y debilita la estabilidad de las decisiones absolutorias. Si toda absolución puede ser anulada ante la mera discrepancia del tribunal superior, el proceso penal corre el riesgo de convertirse en una persecución indefinida incompatible con las garantías constitucionales.
4. La motivación judicial como límite al poder punitivo
La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales cumple una doble función dentro del proceso penal. Por un lado, permite controlar la racionalidad de las decisiones jurisdiccionales; por otro, actúa como un límite frente al ejercicio arbitrario del poder estatal.
Sin embargo, no toda discrepancia con el razonamiento del juez equivale automáticamente a una motivación insuficiente o defectuosa. La motivación constitucionalmente válida no exige decisiones perfectas ni razonamientos absolutamente incontrovertibles, sino fundamentos racionales, coherentes y jurídicamente sostenibles.
En ese sentido, una absolución razonablemente justificada debe ser respetada incluso cuando el tribunal revisor considere posible otra interpretación de los hechos o de la prueba actuada. El sistema acusatorio no exige unanimidad interpretativa, sino respeto a los límites que impone la presunción de inocencia y la inmediación probatoria[4].
La nulidad de oficio solo debería proceder frente a defectos reales, graves y manifiestos capaces de afectar estructuralmente la validez de la decisión judicial. Convertir la nulidad en una herramienta de corrección valorativa implica vaciar de contenido las garantías propias del proceso penal democrático.
5. Conclusiones
- El proceso penal acusatorio no puede entenderse como un mecanismo orientado exclusivamente a obtener condenas. Su verdadera finalidad consiste en garantizar que toda decisión penal sea producto de un juicio respetuoso de las garantías constitucionales y del debido proceso.
- En ese marco, la absolución constituye una consecuencia legítima cuando la acusación no logra destruir la presunción de inocencia con prueba suficiente y válida.
- Por ello, la segunda instancia no puede utilizar la nulidad como una vía indirecta para reabrir discusiones probatorias ya resueltas en juicio oral.
- Finalmente, un auténtico sistema acusatorio exige reconocer que el Estado no puede insistir indefinidamente hasta lograr una condena.
- Cuando la responsabilidad penal no ha sido acreditada conforme a los estándares constitucionales exigidos, la absolución no representa una falla del sistema, sino una expresión legítima de los límites al poder punitivo y de la vigencia efectiva de la presunción de inocencia.
[1] Binder, Alberto M. (2016). Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, pp. 287-295.
[2] Maier, Julio (2011). Derecho Procesal Penal. Tomo i: fundamentos. Buenos Aires: del puerto, pp. 845-852.
[3] Talavera Elguera, Pablo (2019). La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. Lima: Instituto Pacífico, pp. 401-409.
[4] Talavera Elguera, Pablo (2019). La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. Lima: Instituto Pacífico, pp. 401-409.
