Por: Eduardo Alejos Toribio
El 18 de noviembre de 2026, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima resolvió prolongar por nueve meses adicionales la prisión preventiva de Adrián Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito, en agravio de Lizeth Marzano Noguera. Con esta decisión, la medida vencerá el 24 de agosto de 2027.
Asimismo, el órgano jurisdiccional había declarado infundado el pedido de cese de prisión preventiva formulado por la defensa. La decisión plantea una cuestión fundamental desde el Derecho Procesal Penal: ¿Qué presupuestos deben concurrir para justificar que una persona continúe privada de su libertad durante nueve meses adicionales, sin que exista todavía una sentencia condenatoria?
1. La prolongación de la prisión preventiva tiene carácter excepcional
El artículo 274, numeral 1, del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva puede prolongarse cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y, además, el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria.
La Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario Extraordinario 01-2017/CIJ-116[1], ha precisado que la prolongación tiene carácter excepcional y exige la concurrencia de presupuestos materiales y formales estrictos. Esto significa que la prolongación no constituye una consecuencia automática del vencimiento próximo de la prisión preventiva.
Tampoco puede justificarse simplemente porque la investigación o el proceso todavía no hayan concluido. La privación de libertad no puede prolongarse por la sola necesidad de que el proceso termine.
2. La especial dificultad del proceso debe ser concreta y excepcional
El primer presupuesto material exige identificar circunstancias que hayan generado una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. El fundamento 16 del Acuerdo Plenario Extraordinario 01-2017/CIJ-116 desarrolla un criterio particularmente importante, deben presentarse acontecimientos, incidencias o inconvenientes que obstaculicen seriamente la realización ordinaria de determinados actos de investigación, prueba o actuaciones procesales.
No cualquier demora satisface esta exigencia. La especial dificultad debe superar aquello que normalmente ocurre durante la tramitación de un proceso penal. Debe tratarse de circunstancias que generen tardanzas relevantes, reprogramaciones o la necesidad de realizar actividades procesales adicionales que no pudieron ser razonablemente previstas.
En esa línea, el fundamento 18 del mismo acuerdo exige examinar si se presentaron circunstancias imprevisibles, al margen de la actividad regular de los órganos de investigación o juzgamiento, que frustraron una planificación razonable de las actuaciones procesales. La especial dificultad debe demostrarse a partir de las particularidades del proceso, no presumirse por su sola duración.
3. La subsistencia del peligro procesal debe acreditarse de manera individualizada
El segundo presupuesto material exige que continúe existiendo peligro de fuga o peligro de obstaculización de la actividad probatoria[2]. Este requisito merece especial atención porque la prolongación no puede sostenerse exclusivamente en los argumentos utilizados cuando se dictó la prisión preventiva inicial.
El fundamento 19 establece que el peligro de fuga debe valorarse de manera concreta e individualizada, considerando las circunstancias personales del imputado y las particularidades del caso.
En cuanto al peligro de obstaculización, este debe ser concreto, estar contrastado con los datos de la causa y representar una posibilidad efectiva de causar un perjuicio a la actividad probatoria.
Por consiguiente, la gravedad de los hechos investigados o la expectativa de una pena privativa de libertad no pueden convertirse, aisladamente, en razones suficientes para justificar la prolongación. El peligro procesal no puede convertirse en una presunción permanente que acompañe al imputado durante todo el proceso[3].
4. Nueve meses constituyen el límite máximo legal, no un plazo automático
La expresión «hasta por nueve meses» resulta determinante. El legislador establece un límite máximo, pero no dispone que todos los requerimientos de prolongación deban concederse necesariamente por ese periodo.
El fundamento 13 del Acuerdo Plenario 01-2017/CIJ-116 precisa que los plazos legales constituyen límites máximos y no períodos que deban agotarse en todos los casos. La prisión preventiva debe mantenerse únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para asegurar los fines del proceso. Asimismo, el fundamento 18 exige que la duración global de la medida se someta al principio de proporcionalidad.
En consecuencia, el juez no solamente debe justificar por qué corresponde prolongar la prisión preventiva, sino también por qué resulta necesario conceder precisamente nueve meses adicionales[4].
Esto exige explicar qué actuaciones o etapas procesales justifican ese período, cuánto tiempo razonablemente demandarán y por qué no resulta suficiente un plazo menor. La motivación debe permitir controlar tanto la necesidad de la prolongación como la duración concreta de la medida.
5. ¿Qué debemos examinar en la resolución del caso Adrián Villar?
En el caso concreto, el Poder Judicial informó que la prisión preventiva fue prolongada por nueve meses y que vencerá el 24 de agosto de 2027. Sin embargo, para realizar un análisis jurídico definitivo es indispensable conocer el contenido íntegro de la resolución judicial y del requerimiento fiscal que la sustenta.
Existen, por lo menos, cuatro cuestiones que deben examinarse:
- Primero: cuáles fueron las circunstancias concretas de especial dificultad o prolongación del proceso que justificaron la medida. No basta con mencionar que existen actuaciones pendientes; debe explicarse por qué representan una dificultad excepcional.
- Segundo: cómo se acreditó la subsistencia del peligro de fuga o de obstaculización. Debe verificarse si el riesgo fue evaluado individualmente y a partir de circunstancias actuales.
- Tercero: cuál fue el desarrollo procesal de la causa y si existieron dilaciones injustificadas atribuibles a los órganos de persecución o administración de justicia. El Acuerdo Plenario exige examinar el avance del procedimiento y descartar retrasos injustificados que hagan desmedida la prolongación.
- Cuarto: por qué se consideró indispensable el plazo máximo de nueve meses y por qué una medida menos gravosa no permitiría asegurar adecuadamente los fines del proceso.
También debe verificarse el cumplimiento de los presupuestos formales: el requerimiento fiscal fundamentado debe presentarse antes del vencimiento de la prisión preventiva, debe realizarse la audiencia correspondiente con intervención de las partes y debe emitirse una resolución fundada susceptible de apelación.
6. Conclusión
- El caso Adrián Villar permite recordar que la prisión preventiva, incluso cuando ha sido dictada legítimamente, no constituye una autorización indefinida para restringir la libertad de una persona.
- La prolongación exige una justificación adicional: circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, subsistencia del peligro procesal y respeto del límite temporal legal.
- La presunción de inocencia no desaparece porque el proceso haya generado interés público, ni porque los hechos investigados produzcan una comprensible preocupación social.
- La prisión preventiva no es una pena anticipada, no puede utilizarse como respuesta a la presión mediática y tampoco puede justificarse únicamente por la gravedad de los hechos.
La legitimidad de una medida de coerción personal no depende de cuánto tiempo considere conveniente la sociedad que una persona permanezca detenida, sino de que cada día de privación de libertad encuentre justificación en los presupuestos legales y constitucionales que la autorizan.
[1] Acuerdo Plenario Extraordinario No. 1-2017/CIJ-116, de 13 de octubre de 2017. Asunto: Adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva, ff. jj. 14-18.
[2] BURGOS ALFARO, Víctor. La prisión preventiva en el nuevo proceso penal peruano. Lima: Grijley, 2018, pp. 245-260.
[3] SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. 2.ª ed., Lima: INPECCP / CENALES, 2020, cap. sobre Medidas de coerción procesal p.324.
[4] ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica, 2016 , pp. 185-196




