Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
La Revisión de Sentencia No.567-2023/Huancavelica, constituye un pronunciamiento relevante en torno a los límites constitucionales de la inhabilitación perpetua aplicada a delitos imprudentes de tránsito[1]. El Tribunal señala que las penas perpetuas, por su propia naturaleza, solo pueden imponerse en delitos “especialmente graves”, entendidos como aquellos en los cuales existe una afectación intensificada de bienes jurídicos elementales, lo que excluye aquellos supuestos donde la culpabilidad del agente es reducida o derivada de una infracción culposa del deber de cuidado.
En el caso concreto, la Sala concluye que la inhabilitación definitiva resulta desproporcionada e incompatible con los principios de igualdad, proporcionalidad y resocialización, razón por la cual la pena impuesta debe ser sustituida por una sanción temporal acorde con la gravedad y naturaleza del injusto.
2. Una construcción dogmática correcta
La Corte desarrolla inicialmente un marco dogmático, incuestionable, al afirmar que la inhabilitación perpetua solo puede considerarse constitucional cuando se aplica a delitos especialmente graves y siempre que esté sujeta a un régimen de revisabilidad, conforme al artículo 38 del Código Penal.
Así, el Tribunal considera que la pena perpetua en abstracto puede justificarse constitucionalmente únicamente cuando persigue fines legítimos como la protección de bienes jurídicos altamente valiosos y la prevención general negativa, siempre que su aplicación sea excepcional y garantice la revisión posterior.
Este entendimiento se encuentra plenamente alineado con la jurisprudencia previa de la Sala Constitucional y Social Permanente, que en el expediente No.24001-2019/Huaura declaró inaplicables los artículos 36.7 y 38 del Código Penal por vulnerar los principios de igualdad, proporcionalidad y resocialización, así como con lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la Revisión de Sentencia No.321-2019/Huánuco, donde se reiteró que la cancelación definitiva de licencia de conducir carece de razonabilidad en delitos imprudentes sin agravantes.
3. El punto crítico
El conflicto principal se presenta al examinar la aplicación de la inhabilitación perpetua en un caso de homicidio y lesiones culposas derivados de un accidente de tránsito. La Sala advierte que el hecho, aunque trágico por sus resultados, no reviste la gravedad que justificaría una sanción tan extrema, pues se trata exclusivamente de un delito imprudente sin circunstancias agravantes ni factores personales de especial reprochabilidad.
El Tribunal es explícito al afirmar que, pese a la afectación a la vida e integridad de cuatro personas, el caso “no tiene connotaciones especialmente gravosas” debido a que la infracción deriva de una conducta negligente y no dolosa. Esta constatación impide equiparar la sanción aplicable a la prevista para delitos dolosos de especial gravedad, y evidencia que la imposición de una pena perpetua constituye un exceso punitivo contrario a la dogmática penal y al orden constitucional.
4. La afectación al principio de proporcionalidad
La Corte concluye que la pena de inhabilitación definitiva vulnera el principio de proporcionalidad, pues no existe correlación entre la gravedad del hecho imprudente y la intensidad de la sanción. La Sala sostiene que la pena impuesta “es desproporcionada; no corresponde ni por necesidad ni por merecimiento de pena en orden a la nocividad social del hecho”[2], destacando que la reprochabilidad es significativamente menor al tratarse de un ilícito culposo sin agravantes.
A ello se suma la afectación directa al principio de resocialización, pues la prohibición perpetua para conducir un vehículo motorizado impide al condenado reincorporarse a su actividad laboral habitual y limita de manera irrazonable su desarrollo personal y profesional.
Esta afectación había sido previamente advertida por la Sala Constitucional y Social Permanente, que consideró que la cancelación definitiva vulnera derechos fundamentales como el trabajo, el libre desarrollo y la igualdad ante la ley, conclusiones que la Sala Penal Permanente retoma en el presente caso al declarar la incompatibilidad constitucional de la pena perpetua.
5. El riesgo de expansión del ius puniendi
Imponer una inhabilitación perpetua en delitos culposos sin agravantes genera un riesgo evidente de expansión indebida del ius puniendi, pues supone equiparar ilícitos de imprudencia común comunes en la realidad social con delitos dolosos de especial gravedad. Esta equiparación rompe la estructura garantista del Derecho penal y convierte una infracción imprudente en un supuesto de exclusión permanente del ámbito de conducción, afectando desproporcionadamente derechos fundamentales y desnaturalizando la función preventiva de la pena[3].
La Sala reconoce que esta interpretación conduciría a que la inhabilitación perpetua se convierta en una medida automática frente a cualquier infracción imprudente, transformando al Derecho penal en un mecanismo de control excesivo que sanciona más allá del merecimiento y necesidad, lo cual contraviene el principio de mínima intervención propio del Estado constitucional.
6. Crítica desde el principio de legalidad
Finalmente, la Corte reafirma que la revisión es procedente desde la causal de inconstitucionalidad de la ley penal aplicada, ya que la previa inaplicación de los artículos 36.7 y 38 por parte de la Sala Constitucional y Social Permanente constituye un fundamento suficiente para activar este mecanismo extraordinario.
El Tribunal destaca que una sanción de carácter perpetuo solo puede ser válida cuando se encuentra estrictamente justificada y que, en caso de duda, la cláusula de legalidad exige la interpretación más favorable a los derechos fundamentales del condenado. La aplicación mecánica de la norma cuestionada equivaldría a una extensión analógica prohibida del tipo penal y vulneraría el mandato de tipicidad y taxatividad.
Por estas razones, la Sala concluye que la sanción perpetua debe ser sustituida por una pena temporal que respete los principios de culpabilidad, proporcionalidad y resocialización, imponiendo finalmente una inhabilitación de tres años conforme al artículo 38 del Código Penal.
7. Conclusión
La Corte Suprema confirma que la inhabilitación perpetua es inconstitucional cuando se impone por delitos culposos de tránsito sin agravantes, porque la sanción no es acorde con la gravedad del injusto ni con la culpabilidad del autor, y porque afecta de manera irrazonable derechos fundamentales y el principio de resocialización.
En consecuencia, declara fundada la demanda de revisión y sustituye la pena perpetua por una inhabilitación temporal de tres años, consolidando así un criterio jurisprudencial que impide la expansión del ius puniendi y reafirma el papel del Derecho penal como última ratio dentro del orden constitucional.
[1] Corte Suprema de Justicia (2023). Revisión de Sentencia N.º 567-2023/Huancavelica. Fundamentos 7–12.
[2] Díez Ripollés, José Luis (2013). Principios de Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 212–220.[3] Bajo Fernández, Miguel & Gómez Tomillo, Manuel (2010). Derecho Penal Económico. 2.ª ed. Civitas, Madrid, pp. 189–200.
