Por: Eduardo Alejos Toribio
1. La intervención policial a conductores y el riesgo de normalizar prácticas arbitrarias
La intervención policial a conductores de vehículos constituye una práctica frecuente en el marco del control del tránsito y del orden público. Sin embargo, la reiteración de estas intervenciones ha generado el riesgo de asumirlas como actos automáticos o rutinarios, desprovistos de exigencias materiales de justificación.
Esta normalización resulta problemática desde una perspectiva constitucional, pues invisibiliza que toda intervención policial, aun cuando no derive en una detención formal, implica una restricción concreta a la libertad personal y a la libertad de tránsito del ciudadano.
El Expediente No.02860-2021-0[1] pone en evidencia este riesgo estructural al cuestionar una intervención policial realizada sin que el efectivo precisara claramente el motivo de su actuación.
El órgano jurisdiccional advierte que la sola condición de conductor no habilita a la policía a intervenir discrecionalmente, y que cualquier actuación que afecte derechos fundamentales debe encontrarse sustentada en una causa objetiva, legalmente válida y comunicada de manera expresa al intervenido.
2. La intervención policial como manifestación del poder coercitivo del Estado
La sentencia parte de una concepción material de la intervención policial, entendiéndola como una manifestación del poder coercitivo del Estado.
Detener un vehículo, exigir documentos o limitar momentáneamente la circulación no son actos neutros ni meramente administrativos, sino decisiones que inciden directamente en el ámbito de libertad del ciudadano y, por tanto, requieren una justificación constitucionalmente adecuada.
Desde esta perspectiva, el juzgado rechaza cualquier intento de trivializar la intervención policial bajo la etiqueta de “acto preventivo”:
La prevención no constituye una cláusula general de habilitación para restringir derechos, sino una finalidad que solo puede alcanzarse mediante actuaciones legalmente autorizadas.
En consecuencia, la intervención policial solo es legítima cuando se ejerce dentro de los márgenes que la ley establece y, además, con pleno respeto a las garantías que protegen al ciudadano frente al poder estatal[2].
3. El deber de precisar, claramente, el motivo de la intervención como exigencia de validez del acto policial
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento judicial es el deber del efectivo policial de precisar claramente el motivo de la intervención. El juzgado sostiene que este deber no responde a una exigencia formal ni protocolar, sino que constituye una condición de validez del acto policial.
Comunicar el motivo permite al ciudadano comprender por qué su libertad está siendo restringida y habilita el control posterior de la legalidad de la actuación.
- La omisión de esta exigencia convierte la intervención en un acto opaco e incontrolable, incompatible con el principio de legalidad y con la proscripción de la arbitrariedad.
- La motivación no puede ser genérica, implícita ni deducida posteriormente; debe ser concreta, inmediata y comprensible.
- Sin esta explicación, la intervención carece de sustento jurídico y pierde toda presunción de legitimidad.
4. La intervención sin motivación como supuesto de abuso de autoridad
El núcleo del pronunciamiento contenido en el fundamento jurídico 6 del Expediente No.02860-2021-0[3] reside en la calificación penal de la intervención policial carente de motivación. El juzgado no se limita a identificar una irregularidad administrativa o un incumplimiento de protocolos internos, sino que realiza un análisis material de tipicidad funcional, concluyendo que la conducta del efectivo policial configura el delito de abuso de autoridad.
- El razonamiento judicial parte de una premisa esencial: la autoridad policial solo actúa legítimamente cuando ejerce sus funciones, dentro de los límites que la ley le impone.
- Cuando el funcionario interviene a un ciudadano sin explicarle el motivo concreto de dicha actuación, no está ejerciendo válidamente su función, sino desbordándola.
- Este desbordamiento funcional es el elemento que transforma una intervención aparentemente regular en una conducta penalmente relevante.
La sentencia enfatiza que el deber de motivación no es accesorio ni subsanable con explicaciones posteriores. Por el contrario, constituye un presupuesto de legalidad del acto policial. La omisión de precisar el motivo implica que la intervención carece de sustento normativo desde su origen, lo que excluye cualquier presunción de ejercicio regular del cargo.
En este escenario, el funcionario actúa al margen de la ley y utiliza su investidura para imponer una restricción injustificada a la libertad del ciudadano.
- Asimismo, el juzgado descarta que la inexistencia de violencia física excluya la configuración del abuso de autoridad.
- La lesión al bien jurídico no depende de la intensidad del acto, sino de su carácter arbitrario.
- Basta que la intervención se realice sin habilitación legal y sin motivación suficiente para que se configure el abuso, incluso cuando el acto se presente como leve o momentáneo.
5. La irrelevancia de la finalidad preventiva frente a la ausencia de motivación
Otro aspecto relevante del pronunciamiento es el rechazo de la finalidad preventiva como justificación autónoma de la intervención policial. El juzgado sostiene que invocar la prevención del delito o el control del orden público no suple la obligación de precisar el motivo concreto de la intervención. La prevención no opera como una cláusula abierta que permita intervenir sin causa específica.
Desde esta óptica, la intervención policial debe evaluarse en función de su fundamento concreto y no de su finalidad abstracta. Una intervención sin motivación no se legitima por el solo hecho de haberse realizado en un contexto de seguridad ciudadana. La ausencia de explicación convierte cualquier finalidad invocada en una mera racionalización posterior, insuficiente para excluir la arbitrariedad del acto.
6. Control judicial de la discrecionalidad policial y tutela de la libertad personal
El expediente reafirma la necesidad de un control judicial efectivo sobre las intervenciones policiales. Dicho control no puede limitarse a verificar que el agente actuó en ejercicio de su cargo, sino que debe extenderse al análisis del motivo específico (la razonabilidad) de la intervención y de su conformidad con la ley.
La sentencia rechaza una concepción amplia de discrecionalidad policial. La policía no decide libremente cuándo intervenir; solo puede hacerlo cuando la ley lo autoriza y siempre explicando el motivo de su actuación. Cualquier otra interpretación vaciaría de contenido el principio de legalidad y convertiría la discrecionalidad en arbitrariedad[4], en abierta contradicción con la tutela constitucional de la libertad personal.
7. Conclusiones
- El criterio fijado en el expediente deja una conclusión inequívoca, la intervención policial sin motivación no es una irregularidad menor, sino una forma concreta de abuso de autoridad.
- Precisar el motivo de la intervención no debilita la función policial, sino que la legitima y la protege frente a cuestionamientos penales y constitucionales.
- En un contexto de inseguridad ciudadana, el respeto a los derechos fundamentales no constituye un obstáculo para el orden público, sino el límite que impide que la autoridad se transforme en poder arbitrario.
- La sentencia analizada reafirma que el ejercicio legítimo de la función policial solo es posible cuando se encuentra sometido a la ley, a la motivación y al control judicial.
[1] Expediente N.º 02860-2021-0-1801-JR-PE-14.
[2] Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general, Tomo I, Civitas, 1997, p. 89.
[3] Expediente N.º 02860-2021-0-1801-JR-PE-14, fundamento jurídico 6.
[4] Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995, pp. 21–25.
