Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
El delito de prevaricato constituye una de las figuras más complejas y delicadas del derecho penal, en tanto se proyecta directamente sobre el ejercicio de la función jurisdiccional. Su análisis no puede realizarse desde una lógica meramente represiva ni desde una concepción formalista del principio de legalidad, pues se encuentra en tensión permanente con la independencia judicial, piedra angular del Estado constitucional de derecho.
El juez no es un simple ejecutor de la ley, sino un intérprete autorizado del ordenamiento jurídico; sin embargo, dicha potestad interpretativa no es ilimitada ni inmune al control penal cuando se desnaturaliza en arbitrariedad.
La Sala Penal Permanente, en la Apelación No.369-2024/La Libertad[1], reafirma que el prevaricato no sanciona el error judicial ni la interpretación discutible del derecho, sino una conducta cualitativamente distinta: la emisión de una resolución judicial que se coloca frontalmente contra la ley, su sentido normativo y los valores que la informan, sin posibilidad de ser amparada por ningún método aceptable de interpretación jurídica racional.
Con ello, la Corte Suprema delimita con precisión el ámbito legítimo de actuación del juez y el espacio excepcional en el que el Derecho penal puede intervenir sin erosionar la independencia judicial.
2. Imputación objetiva
Desde la imputación objetiva, el prevaricato exige que la resolución judicial emitida supere el umbral del simple desacierto jurídico y se convierta en un acto normativamente intolerable.
No basta con que la decisión sea incorrecta, débilmente motivada o incluso contraria a la jurisprudencia dominante; lo determinante es que no pueda ser sostenida desde ningún método racional de interpretación del Derecho.
La Corte Suprema es clara al señalar que la resolución prevaricadora es aquella que se enfrenta a la literalidad de la ley, a su estructura sistemática y a los valores constitucionales que la sustentan, sin posibilidad de justificación hermenéutica.
Hay que tener en cuenta que el Derecho penal no puede convertirse en un mecanismo de corrección de errores judiciales, pues la interpretación es una actividad inevitablemente abierta y valorativa. Solo cuando la resolución judicial rompe con las reglas mínimas de racionalidad jurídica y se manifiesta como una negación consciente del ordenamiento, se configura un injusto penalmente relevante.
El prevaricato no protege la corrección técnica de la sentencia, sino la vigencia del derecho como sistema normativo coherente.
La imputación objetiva, entonces, no se construye sobre la base del resultado desfavorable de la decisión, sino sobre la calidad jurídica del razonamiento que la sustenta. Una resolución puede ser gravemente injusta y, aun así, no ser prevaricadora si encuentra respaldo en una interpretación jurídicamente defendible.
Por el contrario, una resolución aparentemente “razonable”[2] en sus efectos puede ser prevaricadora si su fundamento normativo es inexistente o abiertamente contrario al derecho vigente.
3. Imputación subjetiva
La imputación subjetiva del delito de prevaricato refuerza su carácter excepcional y garantiza que el derecho penal no invada el espacio propio de la función jurisdiccional. La Sala Penal Permanente establece que no basta con que la resolución sea objetivamente incompatible con el derecho, sino que es indispensable que el juez haya actuado con conciencia de la ilegalidad de su decisión. Este elemento subjetivo excluye de manera categórica los supuestos de error de interpretación, negligencia, impericia o deficiente técnica jurídica.
El dolo en el prevaricato no se identifica con la mera voluntad de resolver, sino con el conocimiento claro de que la decisión adoptada no puede ser amparada en una interpretación razonable del ordenamiento jurídico.
En términos dogmáticos, se trata de un dolo directo cualificado, en el que el juez sabe que su resolución se aparta del derecho y, aun así, decide emitirla. Esta exigencia subjetiva es la que evita que el tipo penal se convierta en un instrumento de persecución de jueces incómodos o en una vía indirecta de revisión de sentencias firmes.
El prevaricato solo se configura cuando la decisión judicial constituye una ruptura consciente del deber de sujeción a la ley, y no cuando existe una discrepancia interpretativa legítima. De lo contrario, se vaciaría de contenido la independencia judicial y se introduciría un efecto paralizante en la función jurisdiccional.
4. El prevaricato como límite penal externo a la función jurisdiccional
El delito de prevaricato cumple una función estructural dentro del Estado constitucional de derecho: operar como un límite penal externo frente a desviaciones graves del ejercicio de la función jurisdiccional, sin interferir en la independencia judicial legítima.
Este límite no se activa frente al error, la interpretación discutible o incluso la decisión minoritaria, sino únicamente cuando la resolución judicial pierde su condición de acto jurídico y se transforma en una manifestación de poder arbitrario.
En este punto, la dogmática penal ha sido consistente en señalar que el bien jurídico protegido no es la corrección técnica de la sentencia, sino la vigencia del derecho como sistema normativo racional y previsible.
Desde esta perspectiva, el prevaricato no sanciona al juez por “decidir mal”, sino por decidir fuera del derecho. La resolución prevaricadora se sitúa fuera del marco de la legalidad interpretativa, pues no puede ser reconducida a ningún método hermenéutico aceptado literal, sistemático, teleológico o constitucional, lo que la convierte en una negación consciente del ordenamiento jurídico.
Binder advierte que cuando el juez actúa de este modo[3], deja de ejercer jurisdicción y pasa a ejercer poder, y es precisamente en ese tránsito donde se legitima la intervención del derecho penal como mecanismo de contención del abuso institucional.
Este entendimiento evita dos riesgos extremos igualmente nocivos: por un lado, (i) la impunidad de decisiones judiciales abiertamente arbitrarias que lesionan derechos fundamentales; y, por otro, (ii) la instrumentalización del derecho penal como herramienta de presión o represalia frente a jueces independientes.
El estándar fijado por la Corte Suprema en la Apelación No. 369-2024/La Libertad se alinea con esta lógica de contención, al exigir una incompatibilidad objetiva insalvable con el derecho y una conciencia subjetiva clara de dicha ilegalidad. Solo así el tipo penal de prevaricato conserva su carácter excepcional y su función garantista, sin desnaturalizar el rol del juez en un sistema democrático.
5.Conclusión
- La construcción jurisprudencial del delito de prevaricato desarrollada por la Sala Penal Permanente reafirma un principio esencial del derecho penal contemporáneo: la intervención penal sobre la función jurisdiccional solo es legítima como última ratio, cuando han sido superados todos los márgenes de racionalidad jurídica.
- El juez no responde penalmente por equivocarse, ni siquiera por equivocarse gravemente, sino por adoptar decisiones que, de manera consciente, se colocan fuera del Derecho y rompen el pacto básico de sujeción a la ley.
- La exigencia conjunta de imputación objetiva y subjetiva convierte al prevaricato en un tipo penal de aplicación excepcional, pero necesario. Excepcional, porque no puede ni debe convertirse en un mecanismo de revisión de sentencias ni en un sustituto del sistema de impugnaciones; necesario, porque sin él el ordenamiento carecería de una respuesta eficaz frente a decisiones judiciales arbitrarias que vulneran derechos fundamentales y deslegitiman el sistema de justicia. Como ha señalado la doctrina, un sistema que tolera la arbitrariedad judicial en nombre de la independencia termina erosionando la propia autoridad moral del Poder Judicial.
- En definitiva, el mensaje que deja la apelación es claro y normativamente saludable: la independencia judicial protege al juez frente a presiones externas, pero no frente al derecho.
- Cuando la resolución judicial deja de ser una interpretación posible y se convierte en una negación consciente de la ley, el Derecho penal no invade la jurisdicción, sino que la restituye a sus límites constitucionales. El prevaricato, bien entendido, no debilita al juez; protege al ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder judicial.
[1] Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Apelación N.° 369-2024/La Libertad, sentencia del 2 de diciembre de 2025, fundamento jurídico 4.
[2] Cafferata Nores, José, La Prueba en el Proceso Penal, 4.ª ed., Buenos Aires: Depalma, 2000, p. 4.
[3] Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2004, p. 45.
