Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
La investigación preparatoria es una etapa decisiva del proceso penal, cuya finalidad es obtener elementos de convicción suficientes para decidir si corresponde acusar o sobreseer. En ese contexto, la formalización y continuación de la investigación preparatoria constituye un acto fiscal de enorme relevancia, pues marca el inicio de una investigación formal bajo control judicial.
Este acto no solo delimita los hechos imputados, sino que también otorga al investigado mayores garantías procesales, garantizando el respeto al debido proceso[1] desde la fase inicial del procedimiento penal.
El estándar de los elementos de investigación que se exige, es el de sospecha reveladora, que incide en cuatro puntos fundamentales, esencialmente en la existencia de elementos investigativos de tal nivel o fuerza que permitan entender, siempre a nivel provisorio, que existe una probabilidad razonable para avalar con más fuerza la hipótesis inculpatoria[2].
2. Naturaleza jurídica
La formalización es un acto de imputación que habilita el control jurisdiccional sobre la investigación.
Su finalidad es:
- Delimitar el objeto procesal.
- Establecer los hechos base.
- Fijar los límites de la imputación futura.
Una formalización deficiente puede generar nulidades, afectación al derecho de defensa y distorsión en el desarrollo de la investigación.
3. Requisitos de la formalización
Conforme al art. 336.2 del CPP[3], la formalización debe contener:
- Identificación del imputado.
- Narración del hecho investigado.
- Elementos que sustentan la sospecha reveladora.
- Calificación jurídica provisional.
- Diligencias a realizar.
Estos requisitos garantizan claridad y control, evitando imputaciones vagas que puedan vulnerar la defensa.
4. Efectos procesales
La formalización:
- Activa los plazos procesales.
- Permite medidas coercitivas.
- Otorga participación plena al imputado.
- Limita el ámbito de acusación futura.
Además, introduce la supervisión del juez de investigación preparatoria[4], quien controla la legalidad de diligencias invasivas y medidas limitativas de derechos.
5. Continuación de la investigación
Tras la formalización, el fiscal debe:
- Practicar diligencias de búsqueda.
- Recabar elementos de convicción de cargo y descargo.
- Asegurar pruebas anticipadas cuando exista peligro.
- Decidir si corresponde acusar o sobreseer.
Esta etapa exige diligencias razonables y proporcionales, orientadas a corroborar la teoría del caso.
6. Importancia procesal
La formalización y continuación de la investigación garantizan que el proceso penal:
- Se desarrolle de manera ordenada.
- Sea sometido a control judicial.
- Respete el derecho de defensa.
- Asegure una imputación clara y verificable.
7. Conclusión
La formalización constituye un paso esencial en el proceso penal peruano, pues garantiza la transparencia, el control judicial y el respeto del debido proceso. Su adecuada aplicación asegura que la investigación se conduzca con rigor, precisión y respeto a los derechos del imputado, fortaleciendo así la legitimidad de la persecución penal.
[1] El debido proceso está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), Declaración Americana de Derechos Humanos (artículo 25), Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos (artículo 4), en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8) y en normas de la legislación interna.
[2] San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal Lecciones. (2024). Editoriales Inpeccp y Cenales, Lima, p. 443.
[3] Artículo 336. Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria
- La Disposición de formalización contendrá:
- a) El nombre completo del imputado;
- b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación;
- c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y,
- d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse.
[4] El juez de garantías cumple así, en la investigación preparatoria, una función de control, que no busca definir o determinar la labor del fiscal, sino más bien cautelar que dicho rol se ejerza respetando los derechos fundamentales del imputado y las garantías que asisten a la víctima. Por esta razón, se le califica como un “contrapeso” de la actuación del Ministerio Público. Del Río Labarthe, Gonzalo. La Etapa Intermedia. (2021). Editorial Pacífico, p. 42.
