Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. N.° 04235-2023-PHC/TC[1], ha fijado un criterio de especial relevancia para el Derecho penitenciario peruano al precisar que la ley penitenciaria aplicable para el acceso a beneficios como la redención de la pena por trabajo o estudio es aquella vigente al momento en que la sentencia condenatoria quedó firme.
Este pronunciamiento no solo corrige prácticas administrativas y judiciales erráticas, sino que refuerza el principio de legalidad en la fase de ejecución penal, tradicionalmente relegada a un segundo plano dentro del sistema de garantías.
El caso permite al Tribunal desarrollar una doctrina clara sobre la aplicación temporal de las normas penitenciarias y delimitar el inicio de la relación jurídico-penitenciaria, evitando interpretaciones retroactivas desfavorables que terminan afectando el derecho fundamental a la libertad personal.
2. El problema jurídico: ¿Qué ley penitenciaria se aplica?
El conflicto surge cuando, durante la ejecución de la pena, se producen modificaciones normativas -más restrictivas- en materia de beneficios penitenciarios y estas son aplicadas a personas condenadas con anterioridad, bajo el argumento de que se trata de normas de ejecución y no de normas penales sustantivas.
Esta práctica, bastante extendida, ha generado un vaciamiento progresivo del principio de legalidad y una expansión del poder punitivo del Estado más allá del momento de la condena.
El Tribunal Constitucional identifica, correctamente, el núcleo del problema: determinar si la norma aplicable debe ser -o no- la vigente al momento de solicitar el beneficio o aquella que regía cuando la condena adquirió firmeza. La respuesta del Tribunal es categórica y se aparta de criterios meramente administrativos.
3. La tesis del Tribunal Constitucional: inicio de la relación jurídico-penitenciaria
El Tribunal sostiene que la relación jurídico-penitenciaria se inicia cuando la sentencia condenatoria queda firme; esto es, cuando ya no existe controversia sobre la responsabilidad penal del condenado. Desde ese momento, el interno ingresa a un régimen jurídico específico que no puede ser alterado en su perjuicio por normas posteriores más gravosas.
Bajo esta lógica, la ley penitenciaria vigente, al momento de la firmeza de la condena, es la que debe regir tanto el cómputo como las condiciones de acceso a los beneficios penitenciarios.
Aplicar una norma posterior más restrictiva supondría una afectación indirecta al contenido esencial del derecho a la libertad personal, al prolongar el tiempo efectivo de privación de libertad más allá de lo previsto inicialmente.
4. Legalidad, irretroactividad y ejecución penal
Uno de los aportes más importantes, y enhorabuena, de la sentencia es recordar que el principio de legalidad no se agota en la determinación del delito y la pena[2], sino que se proyecta plenamente sobre la fase de ejecución penal. La ejecución no es un espacio ajeno al control constitucional, ni un ámbito de discrecionalidad administrativa.
El Tribunal rechaza, expresamente, la idea de que las normas penitenciarias puedan aplicarse retroactivamente por el solo hecho de ser normas de ejecución. Por el contrario, afirma que cuando estas normas inciden, directamente, en la duración de la pena o en las condiciones de acceso a la libertad, deben someterse a los mismos estándares de legalidad y previsibilidad que rigen el Derecho penal sustantivo.
5. Reglas fijadas por el Tribunal Constitucional
La sentencia establece reglas claras que buscan uniformizar la práctica judicial y administrativa.
- En primer lugar, la ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme.
- En segundo lugar, cualquier modificación normativa -posterior- solo puede aplicarse si resulta más favorable al interno.
- Finalmente, se exige una motivación reforzada cuando se resuelvan pedidos de beneficios penitenciarios, de modo que no se adopten decisiones automáticas ni basadas en criterios genéricos.
Estas reglas refuerzan la idea de que la ejecución penal forma parte del ius puniendi[3] y, como tal, debe estar estrictamente sometida a límites constitucionales.
6. Valoración crítica
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional es positivo y necesario. Corrige una tendencia peligrosa a endurecer, vía reglamentos o interpretaciones administrativas, las condiciones de cumplimiento de la pena sin base legal clara. Además, devuelve centralidad al juez en la ejecución penal y reduce el margen de discrecionalidad de la administración penitenciaria.
Sin embargo, el impacto real de esta sentencia dependerá de su efectiva aplicación por los jueces de investigación preparatoria y por el INPE. Si este criterio no se internaliza, el Derecho penitenciario seguirá operando como un espacio de excepción dentro del sistema penal.
7. Conclusión
- La STC Exp. N.° 04235-2023-PHC/TC marca un hito en la jurisprudencia constitucional peruana al afirmar que la ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme.
- Con ello, el Tribunal refuerza el principio de legalidad, limita la retroactividad desfavorable y reconoce que la ejecución penal no es un ámbito neutro ni administrativo, sino una fase decisiva del ejercicio del poder punitivo del Estado.
- Este criterio no solo protege derechos fundamentales, sino que obliga a repensar la ejecución penal desde una perspectiva garantista, coherente con un Estado constitucional de derecho.
[1] Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Exp. N.° 04235-2023-PHC/TC, fundamento jurídico 8.
[2] Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal. Parte General, 2.ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 113.
[3] Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General, 10.ª ed., Reppertor, Barcelona, 2016, p. 128.
