Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
El proceso penal contemporáneo se estructura sobre la base de límites normativos estrictos al ejercicio del poder punitivo del Estado, entre los cuales el “principio acusatorio” ocupa una posición central. Dicho principio no solo define la distribución funcional de roles entre acusación y juzgamiento, sino que constituye una garantía material del derecho de defensa, en tanto fija con claridad el marco fáctico y jurídico dentro del cual el imputado debe responder penalmente. La acusación fiscal, en este sentido, no es un simple acto de postulación, sino el eje ordenador del contradictorio y de la actividad defensiva.
La STC No.4790-2022-PHC/TC, adquiere relevancia constitucional precisamente porque enfrenta una desviación estructural de este modelo: la modificación sustancial de la tipificación penal y del grado de participación recién en la sentencia, sin haber habilitado previamente un espacio real de contradicción. El Tribunal Constitucional advierte que esta práctica no puede ser justificada como una simple corrección técnica, pues altera las condiciones mismas bajo las cuales se ejerció la defensa, comprometiendo la validez del pronunciamiento condenatorio[1].
Desde una perspectiva dogmática, el problema no radica en la posibilidad abstracta de que el juez se aparte de la calificación fiscal, sino en los límites constitucionales de dicha facultad y en las garantías que deben observarse para que tal apartamiento no se convierta en una decisión sorpresiva e incompatible con el debido proceso.
2. Principio acusatorio y delimitación del objeto del proceso penal
El principio acusatorio cumple una función de delimitación objetiva del proceso penal[2]. A través de la acusación se fijan no solo los hechos atribuidos, sino también su relevancia jurídico-penal y el grado de intervención que se imputa al acusado. Este marco constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio eficaz del derecho de defensa, pues solo es posible defenderse adecuadamente frente a una imputación concreta, estable y cognoscible.
La doctrina procesal penal ha sido constante en señalar que el juez no puede sustituir discrecionalmente al órgano acusador sin desnaturalizar el modelo acusatorio. Como advierte Levene, la acusación “define los contornos del juicio y marca el límite infranqueable dentro del cual puede moverse la sentencia”¹. De ahí que cualquier alteración sustancial de la calificación jurídica sin un mecanismo de corrección previamente regulado implique una ruptura del equilibrio procesal.
En el caso examinado por el Tribunal Constitucional, la sentencia no solo varió la modalidad típica imputada, sino que recondujo la forma de participación del procesado, ampliando de manera significativa el reproche penal. Esta doble variación redefinió el objeto del proceso penal, sin que el imputado haya tenido la oportunidad de reorganizar su defensa, lo que evidencia una infracción directa al principio acusatorio en su dimensión material.
3. La desvinculación procesal como garantía estructural del contradictorio
La desvinculación procesal no es una concesión graciosa al imputado ni una simple técnica de corrección judicial, sino una garantía estructural del contradictorio. Su finalidad es permitir que el juez, cuando advierta una calificación jurídica incorrecta, pueda apartarse de la acusación fiscal sin afectar el derecho de defensa. Para ello, resulta indispensable que la nueva calificación sea puesta en conocimiento oportuno del acusado y que se le otorgue la posibilidad real de contradecirla.
Binder sostiene que “la posibilidad de modificar la calificación jurídica solo es compatible con el sistema acusatorio cuando se preserva íntegramente la posibilidad de defensa frente a la nueva imputación”[3]. Esto implica no solo un anuncio formal, sino la habilitación efectiva de un debate contradictorio sobre los nuevos elementos jurídicos introducidos.
El Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 12 de la sentencia comentada, recoge implícitamente esta concepción garantista al señalar que el juez debió exponer expresamente la desvinculación tanto respecto del tipo penal como de la forma de participación. La omisión de este paso convierte la sentencia en un acto sorpresivo, incompatible con un proceso penal respetuoso de las garantías constitucionales.
4. Modificación de la tipificación penal y prohibición de decisiones sorpresivas
La prohibición de decisiones sorpresivas constituye una manifestación concreta del derecho de defensa y del principio de seguridad jurídica. Una decisión es sorpresiva cuando introduce en la sentencia elementos decisivos que no fueron objeto de debate previo y respecto de los cuales el imputado no tuvo oportunidad de defensa. En el ámbito penal, esta prohibición adquiere especial intensidad cuando la sorpresa proviene de una nueva calificación jurídica que agrava la situación del acusado.
El juicio penal no puede convertirse en un “espacio de redefinición tardía del injusto”[4], pues ello vacía de contenido el contradictorio y transforma el proceso en una mera formalidad. La calificación jurídica no es un aspecto accesorio del proceso, sino un elemento central que condiciona la estrategia defensiva, la prueba ofrecida y la línea argumentativa adoptada por el imputado.
En el caso analizado, la variación del tipo penal y del grado de participación no fue una simple precisión, sino una redefinición sustancial del injusto imputado. Al introducirla recién en la sentencia, el órgano jurisdiccional privó al acusado de la posibilidad de defenderse frente a esa nueva imputación, afectando de manera directa la validez constitucional del fallo.
5. Derecho de defensa como eje de racionalidad del proceso penal
El derecho de defensa constituye mucho más que una garantía procesal aislada: es el principio estructurante de la racionalidad del proceso penal. Su función no se agota en permitir al imputado intervenir formalmente en el juicio, sino que exige condiciones materiales que hagan posible una defensa real, informada y estratégicamente adecuada frente a la imputación penal formulada.
En este sentido, la defensa solo puede desplegarse eficazmente cuando el objeto del proceso hechos, calificación jurídica y forma de intervención se mantiene estable o, en su defecto, cuando cualquier modificación es comunicada oportunamente y sometida a contradicción.
La doctrina procesal penal ha insistido en que el derecho de defensa presupone necesariamente la previsibilidad de la imputación.
Nadie puede defenderse de manera efectiva frente a una imputación incierta o mutable, pues “defenderse supone conocer con precisión el reproche penal que se atribuye y las consecuencias jurídicas que de él se derivan”[5]. Cuando el juez altera en la sentencia la calificación jurídica debatida durante el proceso, se rompe esta previsibilidad y se vacía de contenido el contradictorio desarrollado en las etapas previas.
Desde esta perspectiva, la modificación del tipo penal o del grado de participación en la sentencia no es un mero defecto formal, sino una afectación sustancial del derecho de defensa. La estrategia defensiva selección de medios probatorios, líneas argumentativas, cuestionamiento del elemento subjetivo o de la intervención del imputado se construye en función de la imputación concreta formulada por el Ministerio Público. Alterar ese marco al momento de sentenciar implica exigir al imputado que se defienda retrospectivamente de una imputación que nunca existió durante el proceso.
Dentro del marco trazado por la acusación, pues cualquier desplazamiento sustancial de ese marco convierte al juicio en un procedimiento arbitrario”. Esta afirmación cobra especial relevancia cuando la variación introducida en la sentencia agrava la situación jurídica del acusado, como ocurre al modificar la modalidad típica o atribuirle una forma de participación más intensa.
En términos más amplios, permitir modificaciones sustanciales de la imputación en la sentencia afecta también la legitimidad epistémica de la decisión penal. El juicio penal solo es racional cuando las partes han tenido la oportunidad real de influir en el contenido de la decisión. Una sentencia basada en una calificación jurídica no debatida carece de esa legitimidad, pues no se apoya en un contradictorio efectivo, sino en una reconstrucción unilateral del caso por parte del órgano jurisdiccional.
6. Conclusión
- La STC No.4790-2022-PHC/TC[6] consolida un criterio de enorme relevancia constitucional: la modificación del tipo penal o del grado de participación del imputado en la sentencia, sin la previa activación de la desvinculación procesal y sin garantizar el contradictorio, vulnera el derecho de defensa y genera la nulidad del pronunciamiento condenatorio. Este criterio no restringe indebidamente la función jurisdiccional, sino que la somete a los límites propios de un proceso penal acusatorio y garantista.
- En última instancia, el Tribunal Constitucional recuerda que la legitimidad del ius puniendi no se construye a partir de decisiones sorpresivas o correcciones tardías, sino mediante un proceso penal racional, previsible y respetuoso de las garantías fundamentales que estructuran el debido proceso.
[1] Tribunal Constitucional, STC Exp. N.° 04790-2022-PHC/TC, fundamento jurídico 12.
[2] Levene, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, t. II, 2.a ed., Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 565.
[3] Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2004, p. 45.
[4] Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, Tomo I, Buenos Aires: Del Puerto, 2004, p. 548.
[5] Silva Sánchez, Jesús-María, La expansión del Derecho Penal, 2.ª ed., Madrid: Civitas, 2001, p. 73.
[6] Tribunal Constitucional, STC Exp. N.° 04790-2022-PHC/TC
