Por: Eduardo Alejos Toribio
1. La nueva presunción de racionalidad, la carga de la prueba y el deber de archivo fiscal
El 8 de noviembre de 2026 se publicó, en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 1743[1], que modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal e incorpora una disposición en el artículo 334 del Código Procesal Penal.
La reforma introduce un cambio importante en el tratamiento jurídico de la legítima defensa, establece que se presume que quien la ejerce ha actuado racionalmente frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario. Asimismo, exige motivación judicial cualificada para descartar esa presunción y establece una regla específica para la calificación fiscal de estos hechos.
Sin embargo, la reforma merece una lectura más detenida. No se presume que toda persona que causa una lesión o muerte haya actuado legítimamente; lo que se presume es la racionalidad del medio empleado, siempre dentro de los presupuestos de la legítima defensa.
2. ¿Qué cambia realmente con el Decreto Legislativo 1743?
Para comprender la reforma es necesario recordar que la Ley 32026[2], publicada el 16 de mayo de 2024, ya había reconocido expresamente el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, en el ejercicio de la legítima defensa. También había establecido que, para valorar la necesidad racional del medio empleado, se excluyera el criterio de proporcionalidad de medios.
La modificación actual introduce elementos distintos. En primer lugar, establece una presunción de racionalidad de la actuación defensiva, atribuyendo al Ministerio Público la obligación de demostrar lo contrario. En segundo lugar, dispone que la racionalidad del medio empleado y su utilización se valoren desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión.
La modificación no elimina los presupuestos tradicionales de la legítima defensa. Su principal innovación consiste en modificar la forma en que debe valorarse uno de ellos y distribuir expresamente la carga de la prueba respecto de su racionalidad.
3. La presunción no comprende todos los presupuestos de la legítima defensa
Este es, probablemente, el punto más importante de toda la reforma. El artículo 20, numeral 3, del Código Penal mantiene tres presupuestos concurrentes: (i) agresión actual, ilegítima y real; (ii) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; (iii) y falta de provocación suficiente de quien ejerce la defensa.
Por consiguiente, no se presume la existencia de una agresión ilegítima, ni su actualidad, ni la ausencia de provocación suficiente. Esto tiene consecuencias importantes.
Si no existió una agresión actual, ilegítima y real, no puede invocarse la presunción para convertir una conducta defensiva aparente en legítima defensa. Lo mismo ocurre cuando la agresión ya terminó y la reacción constituye una represalia, o cuando concurre una provocación suficiente de quien pretende defenderse.
La presunción no sustituye los requisitos de la causa de justificación. Opera sobre uno de ellos. Por eso, resulta técnicamente más preciso afirmar que la racionalidad del medio empleado se presume, pero la legítima defensa continúa dependiendo de la concurrencia de todos sus presupuestos.
4. La racionalidad debe valorarse desde la perspectiva de quien se defiende
La nueva regulación incorpora una precisión que puede tener una incidencia importante en la práctica judicial. La racionalidad del medio empleado debe evaluarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y atendiendo a las circunstancias existentes al momento de la agresión[3].
Esto obliga a abandonar una valoración construida exclusivamente desde una reconstrucción retrospectiva de los acontecimientos. En una situación de agresión, quien se defiende puede encontrarse frente a un escenario apremiante, incierto y de rápida evolución. No necesariamente dispone de tiempo para realizar una evaluación serena de todas las alternativas posibles ni para determinar matemáticamente cuál de ellas ocasionará el menor daño.
Por eso, la valoración debe considerar la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para la defensa y los bienes jurídicos que se pretende proteger. Debe recordarse, además, que la exclusión del criterio de proporcionalidad de medios ya estaba incorporada en la legislación peruana.
5. El Ministerio Público deberá demostrar lo contrario y pronunciarse sobre el archivo
La reforma adquiere especial relevancia cuando se examina desde el Derecho procesal penal. El Decreto Legislativo 1743 incorpora un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal.
La disposición establece que, cuando se investiguen hechos en los que exista una posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá emitir una disposición en la que se pronuncie de forma definitiva sobre ella.
Y aquí aparece una consecuencia concreta, si el fiscal advierte la concurrencia copulativa de los presupuestos establecidos en los literales a), b) y c) del artículo 20.3 del Código Penal, deberá declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado.
Esto no significa que cualquier persona pueda obtener el archivo simplemente afirmando que actuó en legítima defensa. El Ministerio Público debe examinar la existencia de la agresión actual, ilegítima y real, la falta de provocación suficiente y la presunción de racionalidad del medio empleado.
Y este puede ser uno de sus efectos más importantes: evitar que quien se defendió legítimamente tenga que soportar años de investigación y proceso penal para obtener un reconocimiento que podía realizarse desde la etapa fiscal.
6. Conclusión
El Decreto Legislativo 1743 introduce una modificación relevante en la estructura de la legítima defensa peruana. Su principal aporte no consiste en autorizar nuevamente el uso de la fuerza letal posibilidad que ya estaba reconocida desde la Ley 32026, sino en incorporar una presunción legal de racionalidad, atribuir al Ministerio Público la carga de demostrar lo contrario y establecer consecuencias procesales concretas.
¿Estamos ante una modificación capaz de cambiar el tratamiento fiscal y judicial de la legítima defensa o la eficacia de esta nueva presunción terminará dependiendo de la interpretación que realicen quienes tienen la obligación de aplicarla?
[1]El 8 de noviembre de 2026 se publicó, en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 1743, que modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal.
[2] «Para comprender la reforma es necesario recordar que la Ley 32026, publicada el 16 de mayo de 2024, ya había reconocido expresamente el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, en el ejercicio de la legítima defensa.
[3] Roxin, C. (2006). Derecho penal: Parte general. Tomo I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito . Editorial Civitas, p. 642.




