Por: Eduardo Alejos Toribio
I. Introducción
En el proceso penal peruano, el sistema de investigación y persecución del delito se estructura de acuerdo con los niveles de sospecha que el Ministerio Público y el juez van adquiriendo respecto de la posible participación de una persona en un hecho delictivo. Estos niveles no solo determinan la intensidad de las diligencias y medidas restrictivas que pueden aplicarse, sino que también garantizan la proporcionalidad y legalidad[1] de las actuaciones fiscales y judiciales.
El reconocimiento de estos grados progresivos de convicción constituye una herramienta fundamental para diferenciar las etapas procesales y asegurar un equilibrio entre la eficacia de la persecución penal y el respeto a los derechos fundamentales del imputado[2].
II. Concepto general
Los niveles de sospecha son grados crecientes de conocimiento, indicio o certeza que orientan la actuación del Ministerio Público y del juez a lo largo del proceso penal. Cada nivel responde a un momento procesal específico y se construye sobre la base de los elementos de convicción disponibles, los cuales justifican la adopción de decisiones más o menos gravosas para el investigado.
El vocablo sospecha, no se utiliza en su acepción vulgar de meras corazonadas sin sustento objetivo, sino, en un sentido técnico-procesal; es decir, como un estado de conocimiento que tiende a aumentar conforme precluye cada etapa procesal y se da inicio a otra. Es por ello que cada nivel o grado de sospecha que se logre acreditar, desencadenará una consecuencia procesal distinta[3].
En términos generales, los niveles de sospecha sirven para determinar cuándo y cómo procede una investigación, una formalización, una acusación o una medida restrictiva de derechos, de acuerdo con la evolución del caso.
III. Finalidad de los niveles de sospecha
La función de estos niveles es establecer un control racional y progresivo sobre la actuación penal. Permiten que las medidas adoptadas por el Ministerio Público o el Poder Judicial estén sustentadas en un grado de conocimiento verificable, evitando la arbitrariedad y garantizando la protección de los derechos del imputado.
Asimismo, facilitan la graduación de las decisiones procesales, asegurando que la respuesta estatal sea proporcional al grado de vinculación o responsabilidad que se evidencia en cada fase.
III. Clases de niveles de sospecha
En el proceso penal peruano, se reconocen diferentes niveles de sospecha, que se desarrollan de manera secuencial conforme avanza la investigación:
a) Sospecha simple
Es el nivel inicial y más básico de conocimiento. Se configura cuando existen indicios mínimos o datos preliminares que permiten suponer la posible comisión de un delito.
Este grado de sospecha autoriza el inicio de diligencias preliminares[4], sin que sea necesario un alto nivel de convicción.
Ejemplo: la denuncia de un ciudadano o un informe policial que describe un hecho delictivo aparentemente verosímil.
b) Sospecha reveladora o suficiente
Surge cuando, tras las diligencias preliminares, se han recabado elementos de convicción razonables que vinculan a una persona con el hecho investigado.
Este nivel justifica la formalización de la investigación preparatoria[5], pues ya existe un sustento objetivo que permite atribuir la presunta participación del investigado en el delito.
Ejemplo: declaraciones de testigos, pericias iniciales o documentos que confirman la posible intervención del imputado.
c) Sospecha grave
Se presenta cuando los elementos reunidos son consistentes y sólidos, generando una alta probabilidad de que el investigado sea autor o partícipe del delito.
A este nivel corresponde la solicitud de medidas restrictivas de derechos, como la prisión preventiva[6] o el embargo de bienes, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Ejemplo: cuando la evidencia técnica o testimonial permite inferir razonablemente la responsabilidad penal del investigado.
d) Sospecha suficiente o fundada
Es el nivel más alto de sospecha dentro de la etapa de investigación. Se alcanza cuando los elementos de convicción permiten sostener con firmeza la acusación fiscal ante el juez.
Este grado de conocimiento justifica el requerimiento de acusación y el paso a la etapa de juicio oral[7].
Ejemplo: cuando las pruebas recopiladas acreditan la existencia del delito y la vinculación directa del imputado con los hechos.
IV. Importancia práctica
Los niveles de sospecha son esenciales para garantizar la legalidad, racionalidad y gradualidad en el proceso penal. Su importancia práctica se refleja en:
Evitar investigaciones arbitrarias o desproporcionadas.
Proteger los derechos del investigado frente a decisiones prematuras.
Orientar la labor del Ministerio Público y del juez con criterios objetivos.
Determinar el momento procesal oportuno para formalizar, acusar o restringir derechos.
En consecuencia, los niveles de sospecha actúan como criterios de garantía y control, equilibrando la función persecutoria del Estado con la protección de la libertad individual.
V. Conclusión
Los niveles de sospecha constituyen una herramienta de control y racionalización en el proceso penal peruano. Permiten que las actuaciones fiscales y judiciales se desarrollen de forma progresiva y proporcional, en función de la evidencia recabada y el grado de conocimiento alcanzado.
Su adecuada aplicación asegura que el proceso penal respete los principios del debido proceso, presunción de inocencia y legalidad, fortaleciendo la confianza en la administración de justicia y garantizando un sistema penal más justo y equilibrado.
[1] El principio de proporcionalidad y legalidad orienta toda actuación fiscal y judicial dentro del proceso penal, imponiendo límites a la intervención del Estado frente a los derechos del imputado. Toda medida restrictiva debe fundarse en la ley y responder a una necesidad concreta, evitando excesos o arbitrariedades. De esta manera, se asegura que las decisiones del Ministerio Público y del juez sean racionales, legítimas y coherentes con los fines del proceso penal.
[2] La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario No.02-2012/CJ-116, Fundamento 6, indica que: “(…) Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos previstos en el citado artículo 71 NCPP (…).
[3] Fundamento jurídico vigésimo cuarto del Pleno Casatorio 1-2017-CIJ-413
[4] Las diligencias preliminares (artículo 330 del CPP) son una subetapa de la investigación preparatoria propiamente dicha. Es comparable con la vieja investigación preliminar del ACPP de 1940; sin embargo, los alcances operativos y finalidades de las diligencias preliminares difieren de la llamada investigación preliminar del antiguo sistema, entre otras cosas, porque poseen un plazo de duración, lo que no existía con la investigación preliminar, la que no poseía ningún plazo, contraviniendo el principio de plazo razonable, que debe primar en todo procedimiento. Rodríguez Hurtado, Manual de la investigación preparatoria del proceso penal común, cit., p. 35.
[5] Si la disposición inicial de actuaciones de investigaciones descansa en la sospecha inicial simple, la inculpación formal o la formalización de la investigación preparatoria se apoya en la noción de sospecha reveladora -indicios reveladores de la existencia de un delito (artículo 336.1 CPP)-. Esa es la segunda selección de cara a los hechos, que debe realizar el fiscal. San Martín Castro, César. (2024). Derecho Procesal Penal Lecciones. 3ra edición, Editoriales Inpeccp y Cenales, p. 442.
[6] La prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que, como medida de coerción de carácter personal, priva procesalmente de la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido. Ello en función de la tutela de los fines característicos del proceso que se desarrolla regularmente de acuerdo a su meta de esclarecimiento de la verdad -ordenada averiguación de los hechos-, a la necesidad de garantizar la presencia del imputado en las actuaciones procesales y al aseguramiento de la ejecución de la pena [AP 1-2019/CIJ-116, del 10/9/2019, f. j. 1].
[7] Es la etapa principal del proceso. Se realiza dándose cumplimiento a todas las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos, aprobados y ratificados por el Perú.
