Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
La legítima defensa constituye una de las principales causas de exclusión de la antijuridicidad dentro del Derecho penal. Su reconocimiento se basa en la necesidad de permitir que una persona pueda proteger sus bienes jurídicos —o los de un tercero— frente a una agresión ilegítima, sin que esa reacción sea considerada delito.
En palabras de Felipe Villavicencio (2013), la legítima defensa es la defensa necesaria ante una agresión ilegítima no provocada suficientemente. La legítima defensa puede presentarse sobre la persona o sus derechos (legítima defensa propia), la persona o derechos de terceros (legítima defensa impropia)[1].
Esta figura representa un equilibrio entre la autotutela legítima y la intervención del Estado, garantizando que la defensa de la integridad personal, la libertad o la propiedad no se convierta en una fuente de responsabilidad penal injusta.
2. Concepto general
La legítima defensa es la reacción necesaria y proporcional frente a una agresión actual e ilegítima que pone en peligro un bien jurídico propio o ajeno. De acuerdo con el artículo 20, numeral 3 del Código Penal peruano, no es punible quien actúa en defensa de bienes jurídicos, incluso utilizando la fuerza o la fuerza letal, siempre que concurran las circunstancias exigidas por la ley.
Se presenta cuando el sujeto ejecuta una acción típica racionalmente necesaria para repeler o impedir una agresión ilegítima no provocada por él y dirigida contra su persona o un tercero. Lo que pretende la legítima defensa es lanzar un mensaje al agresor, con el fin de motivarlo para que no ataque, pero, de hacerlo, va a obtener una respuesta que se encuentra amparada en el derecho[2].
Esta institución se justifica en la idea de que nadie está obligado a tolerar una agresión injusta, y que el derecho no puede exigir pasividad ante un ataque que vulnera la convivencia social y la protección de los derechos fundamentales.
3. Naturaleza jurídica
La legítima defensa constituye una causa de justificación, ya que elimina el carácter antijurídico de una conducta típicamente delictiva. En otras palabras, aunque el acto de defensa encaje formalmente en el tipo penal (por ejemplo, una agresión o un homicidio), no se considera ilícito porque se realiza en legítima protección de un bien jurídico frente a una agresión injusta.
El fundamento de la legítima defensa estriba en la idea que el derecho no está en la situación de soportar (o ceder ante) lo injusto[3][4].
Esta causa eximente mantiene la vigencia del ordenamiento jurídico, al permitir la defensa legítima de los derechos sin que se transgreda el principio de legalidad.
4. Requisitos de la legítima defensa
Para que opere válidamente la legítima defensa, deben concurrir tres condiciones esenciales establecidas por el Código Penal:
a) Agresión actual, ilegítima y real
Debe existir una agresión efectiva e inminente, no meramente hipotética o pasada, que sea contraria al derecho.
- Actual: se está produciendo o está por producirse.
- Ilegítima: carece de amparo legal.
- Real: no puede basarse en una simple suposición o temor.
En ese sentido, como bien sostiene Berdugo Gómez de la Torre [5]: “por agresión se entiende cualquier ataque a bienes jurídicos o derechos cuyo titular sea una persona (…) la agresión tiene que suponer un peligro serio e inminente de lesión del bien jurídico que se trate. No basta con una lejana percepción del peligro por parte de la víctima; el peligro debe ser real, serio y grave”.
b) Necesidad racional del medio empleado
A diferencia del punto anterior, aquí se analiza la acción del sujeto que se defiende, La defensa debe ser necesaria y racional, es necesaria si era la única forma con la cual evitaría la lesión al bien jurídico; es racional, si la acción del agredido es la menos dañosa de cuantas estaban a su disposición para rechazar la agresión en situación concreta[6].
La defensa debe ser proporcionada respecto al ataque recibido. No se exige igualdad entre agresión y respuesta, pero sí una relación de razonabilidad: el medio empleado debe ser idóneo y suficiente para repeler la agresión sin causar un daño innecesario.
c) Falta de provocación suficiente
El defensor no debe haber provocado la agresión. Si la persona genera el conflicto de manera dolosa o con intención de obtener un pretexto para atacar, no podrá invocar la legítima defensa.
Esta condición garantiza que el derecho no ampare conductas abusivas disfrazadas de defensa.
5. Función y justificación
La legítima defensa cumple una función social y jurídica esencial:
- Protege bienes jurídicos individuales y colectivos, reforzando el valor del orden legal.
- Disuade la delincuencia, al permitir una respuesta legítima frente a ataques injustos.
- Mantiene la vigencia del orden jurídico, al reconocer que la defensa de los derechos es parte de la justicia misma.
Es decir, su función es armonizar la protección individual con la estabilidad del sistema jurídico, evitando que la defensa se convierta en venganza o abuso.
6. Legítima defensa de terceros
El ordenamiento también reconoce la defensa de bienes jurídicos ajenos, siempre que concurran los mismos requisitos que en la defensa propia. En este caso, el defensor actúa en nombre de un tercero que se encuentra imposibilitado de repeler la agresión por sí mismo.
De esta forma, la ley legitima la solidaridad y la protección recíproca entre los miembros de la sociedad.
7. Límites de la legítima defensa
Aunque la legítima defensa excluye la antijuridicidad, su aplicación está sujeta a límites razonables. No se admite cuando:
- La respuesta es manifiestamente desproporcionada respecto al peligro.
- La agresión ha cesado completamente.
- Existe provocación previa o ánimo de represalia.
Cuando se sobrepasan estos límites, la conducta puede ser considerada exceso en la legítima defensa, lo cual mantiene la tipicidad y antijuridicidad del acto.
8. Conclusiones
La legítima defensa es una institución esencial del Derecho Penal moderno, pues equilibra el derecho a la seguridad personal con el monopolio estatal de la fuerza. Permite que una persona reaccione de manera legítima ante una agresión injusta, siempre que su respuesta sea racional, necesaria y no provocada.
En consecuencia, constituye una garantía de justicia y de protección de los bienes jurídicos, reafirmando el principio de que el derecho no puede exigir pasividad frente al peligro, sino una respuesta legítima y proporcional frente a la violencia.
[1] Villavicencio Terrones, Felipe. (2013). Derecho Penal Parte General. Editorial Grijley, p. 534.
[2] Bramont-Arias Torres, Luis. (2008), Manual de Derecho Penal Parte General. Editorial EDDILI, p. 274.
[3] Jescheck / Weigend, 2002, p. 360.
[4] Se han desarrollado diferentes fundamentos de la legítima defensa: Fundamentaciones que no conducen a la licitud de la defensa. 1) Perturbación del ánimo que llega a excluir la imputabilidad del autor (Pufendorf); inculpabilidad por conflicto de motivaciones (entre el instinto de conservación y la motivación legal que pretendiera hacerle desistir de su defensa: Utelbach, Schmitz); 2) el fundamento estaría en la idea de retribución misma, con lo que la legítima defensa se ubicaría como una causa de exclusión de punibilidad (Geyer), analogía con la pena (Mayer, Wegner) pero que la ubican como causa de justificación. Fundamentaciones que conducen a la licitud de la defensa: 1) fundamento evidente (la legítima defensa es un derecho natural, innato y tan antiguo como el hombre; Rueda, Sánchez Tejerina), falta de protección estatal (como fundamento: Levita, Dohna, Jiménez de Asúa) (como presupuesto: Feurebach), instinto de conservación (Pacheco), protección el bien jurídico (Meyer, Finger, Jagush); enfrentamiento de derecho e injusto (Loffeler, Korn, Maurach), “el derecho no necesita ceder a lo injusto” (Berner), doble fundamento, (que conjuran los aspecto individuales y supra individuales de la legítima defensa), Vid. Luzón Pena, 1978, pp. 17-61.
[5] Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio y otros.- op. Cit, p. 227.
[6] Bramont Arias, Luis y Bramont-Arias Torres, Luis Alberto.- “Código Penal Anotado”, 4ta edición, Editorial San Marcos, Lima, 2001, p. 185.
