Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Introducción
Si bien la decisión que dispone el archivo definitivo del denominado “caso cócteles”[1] ha generado un intenso debate jurídico y mediático. Sin embargo, un análisis serio y desapasionado obliga a desplazar la discusión del terreno político al plano estrictamente constitucional.
No se trata de evaluar simpatías o antipatías, ni de juzgar la oportunidad del pronunciamiento, sino de examinar si el proceso penal, tal como fue conducido, respetó los presupuestos mínimos que legitiman el ejercicio del ius puniendi en un Estado constitucional de Derecho.
Desde esta perspectiva, el archivo no puede entenderse como un acto de indulgencia ni como una decisión aislada del sistema, sino como la consecuencia necesaria de una persecución penal marcada por vulneraciones estructurales al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de objetividad.
Ante ello, es bueno tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no sustituyó a los jueces penales ni valoró el fondo del caso, sino que intervino para restablecer límites que habían sido desbordados desde la génesis misma del proceso.
2. La nulidad como respuesta frente a vulneraciones estructurales
La nulidad declarada en el “caso cócteles” no puede ser entendida como una reacción formalista ni, mucho menos, como una sanción procesal aislada, sino como la consecuencia jurídica de una acumulación de vulneraciones que afectaron la validez estructural del proceso penal (la cual queda como precedente para no se comentan arbitrariedades contra otros ciudadanos a futuro).
En el modelo acusatorio, la nulidad cumple una función de saneamiento constitucional: restablecer el equilibrio cuando el ejercicio del poder punitivo se ha desviado de los cauces normativos que lo legitiman.
No se trató de simples defectos subsanables ni de irregularidades inocuas, sino de infracciones que comprometieron la racionalidad del proceso desde sus fases iniciales.
Cuando los actos procesales se construyen sobre una base viciada imputaciones deficientes, déficit de control judicial, debilidad probatoria, el efecto expansivo de esas falencias contamina todo el desarrollo posterior. En ese escenario, la nulidad no es una opción discrecional, sino una exigencia derivada del principio de supremacía constitucional[2].
Desde la dogmática procesal, resulta claro que el proceso penal no puede sostenerse sobre una lógica de “convalidación por acumulación”.[3] La persistencia del error no lo legitima; por el contrario, profundiza la lesión al debido proceso y convierte al proceso en una ficción formal desprovista de contenido garantista.
3.La imputación penal y la imposibilidad de una defensa efectiva
Uno de los aspectos más críticos del caso fue la afectación sostenida del principio de imputación necesaria, entendido no solo como una exigencia formal de claridad narrativa, sino como una condición material para el ejercicio efectivo del derecho de defensa. La imputación penal debe delimitar con precisión los hechos atribuidos, su relevancia típica y el grado de intervención del imputado, de modo que este pueda comprender el alcance del reproche y estructurar una defensa racional.
En el proceso analizado, la imputación se caracterizó por su elasticidad conceptual y por una construcción progresiva que modificaba sus contornos, sin activar los mecanismos de corrección procesal, previstos por el ordenamiento. Esta dinámica impidió que la defensa pudiera anticipar el núcleo del debate penal, obligándola a responder a hipótesis móviles y narrativas abiertas que se redefinían a lo largo del procedimiento.
Tal situación desnaturaliza el contradictorio, pues la defensa deja de operar como un sujeto activo del proceso para convertirse en un actor reactivo frente a imputaciones cambiantes. Como bien lo sostiene Levene, el respeto al derecho de defensa impone que el juicio se desarrolle dentro del marco fijado por la acusación[4], ya que cualquier desplazamiento sustancial de ese marco convierte al proceso en arbitrario.
Esta advertencia adquiere especial gravedad cuando la indefinición imperativa se mantiene durante un período prolongado, generando un desequilibrio estructural entre las partes.
4.Objetividad fiscal y racionalidad de la persecución penal
El Ministerio Público, como titular de la acción penal, no solo está llamado a perseguir el delito, sino a hacerlo con sujeción estricta al principio de objetividad. Este principio no es una cláusula retórica, sino un mandato constitucional que exige al fiscal evaluar críticamente la consistencia de la imputación, la calidad de la prueba y la viabilidad jurídica del reproche penal.
En el “caso cócteles”, la persecución penal evidenció una tendencia a privilegiar la persistencia del caso, por encima de la depuración racional de la imputación. La investigación se prolongó bajo esquemas amplios y poco delimitados, sin una correlación clara entre los hechos investigados y las categorías penales invocadas. Ello generó una expansión del proceso penal que terminó desplazando su finalidad cognitiva.
El proceso penal solo es racional cuando las partes tienen una oportunidad real de influir en la decisión. Esa racionalidad se pierde cuando la acusación se sostiene más por su inercia institucional que por su solidez jurídica. La objetividad fiscal, en ese sentido, opera como un límite al poder punitivo, y su debilitamiento compromete la legitimidad de toda la persecución penal.
5.La prueba como límite y no como instrumento de sospecha
Otro eje central del análisis radica en el tratamiento de la prueba. No hay que olvidar que en un proceso penal constitucional, la prueba cumple una función epistemológica: permitir la reconstrucción racional de los hechos relevantes.
El proceso penal no es un instrumento para reforzar sospechas ni para sostener narrativas expansivas, sino un mecanismo de verificación sometido a reglas estrictas de obtención, actuación y valoración.
En el caso analizado, la prueba fue utilizada de manera acumulativa, privilegiando la cantidad de elementos sobre su calidad demostrativa. La falta de una conexión clara entre los medios probatorios y hechos típicos concretos debilitó su fuerza convectiva y convirtió, de forma arbitraria, el debate probatorio en un ejercicio de confirmación narrativa, más que en una auténtica confrontación de hipótesis.
La prueba penal debe operar como un límite al poder punitivo y no como una herramienta de legitimación de imputaciones débiles[5]. Cuando la prueba pierde su función crítica y se convierte en un soporte meramente formal de la acusación, el proceso penal deja de ser un mecanismo de conocimiento y se transforma en un procedimiento de validación institucional del reproche.
6.Control constitucional y límites del ius puniendi
El control ejercido en el “caso cócteles” no implicó una intromisión indebida en la función jurisdiccional penal, sino la reafirmación de los límites que estructuran el ejercicio legítimo del ius puniendi.
El Tribunal Constitucional no se erigió en juez del fondo del asunto, sino que verificó si el proceso penal había respetado los estándares -mínimos- que exige la Constitución para la restricción de derechos fundamentales.
En un Estado constitucional, la eficacia punitiva no puede prevalecer sobre la legalidad, la previsibilidad y el respeto a las garantías. Cuando el proceso penal se aparta de estos parámetros, el control constitucional actúa como un mecanismo de corrección sistémica, orientado a evitar que la excepcionalidad se convierta en regla.
La decisión de archivo, en ese marco, no representa una derrota del sistema penal, sino una manifestación de su capacidad de autocorrección. El verdadero riesgo para la justicia penal no radica en anular procesos viciados, sino en tolerar su continuidad pese a la evidencia de vulneraciones estructurales[6].
7.Conclusión
- Un proceso penal legítimo (iniciado por el Ministerio Público) no se define por la rapidez ni por el impacto político de sus decisiones, sino por su coherencia interna y su respeto a las reglas del juego.
- Cuando el sistema sacrifica esa coherencia en nombre de soluciones expeditivas, el precio que se paga es la erosión de la racionalidad del derecho penal y de la credibilidad institucional de la justicia.
[1] Juzgado Penal Colegiado Nacional, Exp. N.° 299-2017-335, Resolución N.° 03, 13 de enero de 2025, parte resolutiva.
[2] Binder, Alberto, Derecho Procesal Penal. Principios y garantías, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2011, p. 132.
[3] Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. I, Buenos Aires: Del Puerto, 2004, p. 540.
[4] Levene, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, t. II, 2.ª ed., Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 565.
[5] Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. I, Buenos Aires: Del Puerto, 2004, p. 540.
[6] Asencio Mellado, José María, Derecho Procesal Penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, p. 289.
