Prestar cuenta bancaria para cobrar una extorsión, puede costar hasta 15 años de prisión

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Por: Eduardo Alejos Toribio


 1. Nuevas modalidades de extorsión

El 8 de noviembre de 2026 se publicó, en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 1744[1], mediante el cual se modifican diversas disposiciones del Código Penal, la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, el Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1182.

La reforma introduce modificaciones relevantes en la persecución de la criminalidad violenta, informática y organizada. Una de las más llamativas consiste en sancionar con la pena prevista para la extorsión a quien facilite cuentas bancarias, billeteras digitales u otros productos financieros para recibir o canalizar el dinero exigido mediante este delito.

Pero la reforma plantea cuestiones que van mucho más allá del endurecimiento de las penas: ¿Cuándo puede atribuirse responsabilidad penal al titular de una cuenta?, ¿Qué significa que debía presumir la finalidad delictiva?, ¿Hasta dónde puede extenderse la geolocalización policial?

 2. Una nueva modalidad expresamente sancionada

El artículo 3 del Decreto Legislativo 1744 modifica el artículo 200, numeral 200.3 del Código Penal, incorporando expresamente una modalidad vinculada con la utilización de instrumentos financieros.

La disposición establece que se aplicará la misma pena del artículo 200.1 a quien, con conocimiento de la finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporciona, cede o presta la utilización de cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros, propios o de terceros, destinados a recibir o canalizar la ventaja económica indebida exigida[2].

La consecuencia es importante, esta conducta queda sometida al marco penal de diez a quince años de privación de libertad, correspondiente al tipo básico de extorsión. La anterior redacción del artículo 200.3 ya sancionaba a quien, con la finalidad de contribuir a la extorsión, proporcionaba deliberadamente los medios para su perpetración.

3. «Debiendo presumirla» ¿Dolo eventual o responsabilidad por simple negligencia?

Este es, desde nuestra perspectiva, uno de los aspectos dogmáticamente más interesantes de la reforma. La norma no se limita a exigir que el agente conozca efectivamente la finalidad delictiva. También incorpora la expresión «debiendo presumirla». Esta fórmula plantea un problema de imputación subjetiva, ¿basta con que el titular de la cuenta hubiera podido advertir el riesgo o se requiere algo más?

Consideramos que esta disposición debe interpretarse restrictivamente, conforme al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad penal objetiva[3]. La expresión no debería convertirse en una fórmula para castigar a quien simplemente actuó con descuido, desconocimiento o falta de diligencia bancaria. Una interpretación de esa naturaleza permitiría sustituir la prueba del componente subjetivo por un juicio meramente normativo sobre lo que el ciudadano debió haber sabido.

Si ir muy lejos, ya en materia de lavado de activos encontramos un antecedente especialmente relevante. El artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 utiliza una fórmula semejante, el agente conoce o debía presumir el origen ilícito de los activos.

La Corte Suprema, en la Casación 1789-2023/Arequipa[4], fundamento 5, numeral 3, ha señalado que la expresión «debía presumir» se vincula con el dolo directo y el dolo eventual, sin incorporar la comisión imprudente. En similar sentido, la Casación 1348-2022/Ica[5] reconoce que el conocimiento puede manifestarse mediante dolo eventual, cuando determinadas circunstancias despiertan sospechas que el agente no puede simplemente ignorar.

Aunque estos pronunciamientos se refieren al delito de lavado de activos y no interpretan directamente la nueva modalidad de extorsión, constituyen un antecedente interpretativo importante. En consecuencia, no debería bastar con acreditar que una cuenta recibió dinero procedente de una extorsión. Será necesario demostrar la intervención del sujeto en la provisión o cesión del instrumento financiero y el correspondiente elemento subjetivo.

4. El acceso ilícito a sistemas informáticos y el empleo de inteligencia artificial

Mantiene la pena de uno a cuatro años para el acceso deliberado e ilegítimo a un sistema informático o el exceso en las facultades autorizadas. Sin embargo, establece una modalidad agravada con pena de tres a seis años cuando el acceso se realiza vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo o mediante la utilización no autorizada de credenciales de autenticación, códigos de verificación u otros mecanismos destinados a comprobar la identidad del usuario.

La reforma también modifica las circunstancias agravantes del artículo 11. Ahora, el juez podrá incrementar la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal cuando el delito informático se cometa empleando inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas, afectando activos críticos nacionales o mediante la utilización de una persona jurídica, entre otros supuestos.

La imputación debe distinguir la conducta de la persona natural, la utilización instrumental de la persona jurídica y los presupuestos legales que permitan atribuir las consecuencias correspondientes.

4. Nuevas herramientas, pero también límites

La reforma modifica los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 1182, ampliando los supuestos en los que la Policía puede acceder a información de localización, geolocalización o rastreo de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

Entre las nuevas categorías se incorporan expresamente los delitos comprendidos en la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, esta facultad no constituye una autorización irrestricta.

La disposición exige que se trate de un supuesto de flagrancia o de una investigación preliminar comprendida en las categorías legales; que el delito investigado tenga una pena superior a cuatro años de privación de libertad; y que la geolocalización constituya un medio indispensable para la investigación[6].

Asimismo, exige que el acceso sea autorizado y ejecutado con las debidas garantías. Debe tenerse presente que el régimen del Decreto Legislativo 1182 conserva un procedimiento de comunicación al Ministerio Público y convalidación judicial de la medida.

Por otro lado, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1744 modifica el artículo 266 del Código Procesal Penal y establece que la detención judicial por flagrancia puede alcanzar hasta quince días en los delitos de extorsión, sicariato, secuestro y aquellos cometidos por organizaciones criminales[7].

Aquí resulta indispensable una precisión procesal, no estamos hablando de una detención policial automática de quince días. El artículo 266 regula la detención judicial en caso de flagrancia. Es una medida que el fiscal puede requerir al juez de investigación preparatoria, dentro de las veinticuatro horas de producida la detención efectiva por la Policía, para la realización de actos de investigación.

5. Conclusión

  • No basta con identificar una conducta que resulte socialmente reprochable. Es necesario determinar con precisión sus elementos objetivos y subjetivos, así como los límites de la atribución de responsabilidad.
  • La Fiscalía tendrá que acreditar la conducta de proporcionar, ceder o prestar el instrumento financiero y demostrar el componente subjetivo exigido por el tipo penal.
  • Del mismo modo, las nuevas facultades de geolocalización y los plazos de detención judicial deben interpretarse bajo las garantías que limitan el ejercicio del poder punitivo.
  • El desafío no consiste únicamente en castigar con mayor severidad a quienes colaboran con la criminalidad organizada, sino en construir criterios de imputación que permitan distinguir al colaborador consciente del ciudadano cuya cuenta fue utilizada sin su conocimiento.
  • Porque el endurecimiento de las penas puede fortalecer la respuesta estatal frente al delito, pero nunca debe sustituir las exigencias de legalidad, culpabilidad y prueba.

 

 


[1] Decreto Legislativo 1744 que modifica el Código Penal, la Ley 30096, el Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1182  para fortalecer la persecución de la criminalidad violenta, informática y organizada, pp. 1-8.

[2] Reátegui Sánchez, J. (2023). Delitos contra el patrimonio (3º. ed.). Instituto Pacífico, p. 274.

[3] Villavicencio Terreros, F. (2019). Derecho penal: Parte general (5.ª ed.). Editorial Grijley, p. 214.

[4] Corte Suprema de Justicia de la República. (2023). Casación No. 1789-2023/Arequipa  f.j.5. Sala Penal Permanente.

[5] Corte Suprema de Justicia de la República. (2022). Casación No. 1348-2022/Ica f.j.8. Sala Penal Transitoria.

[6] Cubas Villanueva, V. (2019). El nuevo proceso penal peruano: Teoría y práctica de su implementación (7.ª ed.). Palestra Editores, p. 415.

[7] Del Río Labarthe, G. (2021). Las medidas de coerción personal en el proceso penal peruano. Gaceta Jurídica, p. 230.

 

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