Delitos informáticos: tres nuevas agravantes

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Por: Eduardo Alejos Toribio


El 8 de noviembre de 2026 se publicó, en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 1744[1], que modifica, entre otras disposiciones, el artículo 11 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos.

La modificación introduce tres nuevas circunstancias agravantes para los delitos informáticos la intervención de dos o más personas, la afectación de activos críticos nacionales y la utilización de una persona jurídica. Asimismo, establece un tratamiento punitivo diferenciado cuando el agente comete cualquiera de los delitos previstos en dicha ley en calidad de integrante de una organización criminal.

1. La intervención de dos o más personas como circunstancia agravante

 El nuevo numeral 1 del artículo 11 de la Ley 30096 establece que la pena se incrementará cuando el agente cometa el delito con intervención de dos o más personas. Esta incorporación merece especial atención porque introduce la pluralidad de intervinientes como circunstancia agravante autónoma, sin exigir necesariamente que estos conformen una organización criminal.

Desde una perspectiva jurídico-penal, surge un primer problema: ¿Qué debe entenderse por intervención de dos o más personas? ¿Es suficiente acreditar la presencia de varios sujetos o debe demostrarse una participación efectiva y vinculada con la ejecución del delito?

Consideramos que la agravante no puede aplicarse a partir de una constatación meramente numérica. La intervención de varias personas debe encontrarse objetivamente vinculada con la realización del hecho delictivo[2]. No basta, por tanto, acreditar relaciones personales, comunicaciones o contactos entre los involucrados.

Asimismo, resulta necesario distinguir esta circunstancia de las categorías de autoría y participación. La pluralidad de intervinientes no convierte automáticamente a todos los sujetos en coautores ni permite prescindir de las reglas que determinan la responsabilidad individual.

La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se examina su relación con la organización criminal, la intervención de dos o más personas no equivale, por sí misma, a la pertenencia a una estructura criminal organizada.

2. La afectación de activos críticos nacionales

El nuevo numeral 6 incorpora como circunstancia agravante que el agente cometa el delito informático afectando activos críticos nacionales. Esta modificación introduce una dimensión adicional en la protección penal de los sistemas informáticos, especialmente cuando su afectación compromete infraestructuras, recursos o servicios esenciales para el funcionamiento del país.

De acuerdo con el marco normativo establecido por el Decreto Supremo No. 106-2017-PCM, los activos críticos nacionales comprenden recursos, infraestructuras y sistemas esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales, cuya afectación, perturbación o destrucción no permite soluciones alternativas inmediatas y puede generar un grave perjuicio a la Nación.

En ese sentido, la agravante no debería interpretarse de manera extensiva. No todo sistema informático perteneciente a una entidad pública o privada constituye necesariamente un activo crítico nacional. Será necesario identificar la condición del activo comprometido y acreditar que la conducta delictiva efectivamente lo afecta[3].

Desde el Derecho penal, el problema reside en determinar el alcance de esa afectación: ¿Basta con comprometer la disponibilidad de un sistema?, ¿Se requiere una interrupción efectiva de sus operaciones?, ¿Qué entidad debe acreditar la condición de activo crítico nacional?

Estas interrogantes serán relevantes para evitar que una circunstancia que incrementa considerablemente la respuesta punitiva termine aplicándose mediante criterios indeterminados.

3. La utilización de una persona jurídica como circunstancia agravante

Probablemente, esta sea una de las incorporaciones más interesantes desde la perspectiva del Derecho penal económico y de la empresa. El nuevo numeral 7 del artículo 11, establece como circunstancia agravante que el agente cometa el delito informático mediante la utilización de una persona jurídica.

La disposición resulta particularmente relevante porque reconoce que las estructuras empresariales pueden ser empleadas instrumentalmente para facilitar la ejecución de actividades delictivas en entornos digitales.

Sin embargo, su aplicación plantea una cuestión fundamental: ¿Qué debe entenderse por utilización de una persona jurídica? No consideramos suficiente que el delito se cometa dentro de las instalaciones de una empresa, mediante un equipo de su propiedad o utilizando algún recurso tecnológico vinculado con su actividad económica.

La agravante exige examinar la utilización de la persona jurídica como instrumento para la comisión del delito. Será necesario identificar de qué manera la estructura empresarial, sus recursos o su organización fueron empleados para facilitar la realización del comportamiento delictivo.

También debe establecerse una distinción que resulta indispensable desde el Derecho penal de la empresa, la utilización de una persona jurídica como circunstancia agravante no equivale a declarar automáticamente su responsabilidad[4].

La responsabilidad de la persona natural que ejecuta el delito, la utilización instrumental de la estructura empresarial y la eventual responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica conforme a la Ley 30424 constituyen planos distintos de análisis.

Por consiguiente, esta nueva agravante no puede convertirse en un mecanismo para presumir responsabilidad de la empresa por el solo hecho de que uno de sus integrantes haya cometido un delito informático utilizando recursos vinculados con ella.

4. La pertenencia a una organización criminal, incremento de pena hasta en una mitad por encima del máximo legal

La modificación también introduce un tratamiento punitivo diferenciado para los delitos informáticos cometidos por integrantes de organizaciones criminales. El último párrafo del artículo 11 establece que, cuando el agente comete cualquiera de los delitos previstos en la Ley 30096 en calidad de integrante de una organización criminal, el juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el delito.

La modificación es significativa porque el régimen anterior contemplaba la pertenencia a una organización criminal dentro del catálogo de circunstancias que permitían incrementar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal.

Ahora, dicha condición recibe un tratamiento específico, con un incremento que puede alcanzar hasta una mitad. Debe advertirse, sin embargo, que la pertenencia a una organización criminal no puede presumirse por la simple intervención de varias personas en un delito informático. Es necesario acreditar los presupuestos que permiten identificar una estructura criminal conforme a la legislación correspondiente.

Además, la determinación judicial del incremento no debería operar de manera automática. La expresión «hasta en una mitad» establece un límite máximo, por lo que corresponde al órgano jurisdiccional fundamentar la extensión concreta del incremento punitivo, atendiendo a las circunstancias del caso y a las reglas de determinación judicial de la pena.

5. Conclusión

  •  La modificación del artículo 11 de la Ley 30096 mediante el Decreto Legislativo 1744 representa una ampliación relevante de las circunstancias que permiten agravar la responsabilidad penal en los delitos informáticos.
  • La incorporación de la intervención de dos o más personas, la afectación de activos críticos nacionales y la utilización de personas jurídicas evidencia que el legislador pretende alcanzar no solamente las modalidades individuales de ciberdelincuencia, sino también aquellas conductas que aprovechan estructuras colectivas, recursos empresariales e infraestructuras esenciales.
  • Sin embargo, desde una perspectiva dogmática, la ampliación del catálogo de agravantes exige una interpretación particularmente cuidadosa. La pluralidad de intervinientes no puede confundirse con la coautoría ni con la pertenencia a una organización criminal; la afectación de activos críticos nacionales requiere una delimitación objetiva de su ámbito de protección.

 

 


[1] Legislativo No. 1744, Decreto Legislativo que modifica la Ley No. 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incorporar nuevas circunstancias agravantes y fortalecer la persecución de la criminalidad organizada. Diario Oficial El Peruano (Edición Extraordinaria), pp. 4-5.

[2] Prado Saldarriaga, V. (2021). Criminalidad organizada y terruño informático: Problemas de imputación y coautoría. Editorial Grijley, p. 142.

[3] Urquizo Olaechea, J. (2020). Delitos contra la seguridad pública y protección penal de infraestructuras esenciales. Instituto Pacífico, p. 285.

[4] Caro John, C. (2022). Derecho penal económico y de la empresa: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus instrumentos. Gaceta Jurídica, p. 198.

 

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