Homicidio culposo médico: infracción del deber de cuidado y evitabilidad individual

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Por: Eduardo Alejos Toribio


La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante la Casación 2021-2026/Ica, de fecha 3 de noviembre de 2026[1], desarrolla criterios relevantes para determinar la configuración del homicidio culposo por inobservancia de las reglas de la profesión médica.

La ejecutoria aborda un problema fundamental de la imputación a título de imprudencia: no basta acreditar que un paciente falleció después de recibir atención médica. Es necesario determinar si el profesional infringió el deber objetivo de cuidado, creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si ese riesgo se concretó en el resultado producido.

 1. La estructura del delito imprudente

En su fundamento 12, la Corte Suprema identifica cinco elementos que concurren en la configuración del delito negligente o imprudente:

  • (i) Una acción u omisión voluntaria no intencional, cuyo resultado no ha sido querido ni aceptado.
  • (ii) Una actuación negligente por falta de previsión del riesgo, es decir, un comportamiento descuidado.
  • (iii) La infracción del deber objetivo de cuidado, concretado en normas reglamentarias, normas de contenido sociocultural o reglas propias de la profesión, que en el ámbito médico se expresan mediante las denominadas lex artis.
  • (iv) La producción de un resultado nocivo.
  • (v) Una adecuada relación causal entre el proceder descuidado que desencadena el riesgo y el daño producido, dentro del ámbito de la imputación objetiva.

Esta estructura permite comprender que el homicidio culposo no puede fundamentarse exclusivamente en la constatación de un fallecimiento ni en la existencia de una actuación médica que, retrospectivamente, podría considerarse equivocada.

La responsabilidad penal exige identificar qué deber de cuidado fue infringido, cómo se creó o incrementó un riesgo no permitido y de qué manera ese riesgo se materializó en el resultado. El resultado lesivo no sustituye la demostración de la conducta imprudente[2].

 2. La lex artis como parámetro de determinación del deber objetivo de cuidado

En los supuestos de responsabilidad penal médica, la infracción del deber de cuidado debe determinarse atendiendo a las reglas técnicas y profesionales que regulan la actuación del personal sanitario.

No cualquier resultado desfavorable permite afirmar la existencia de una mala praxis penalmente relevante. En el caso examinado, la controversia giraba alrededor de la atención proporcionada a una paciente que presentaba una patología herniaria abdominal, dolor persistente y una evolución clínica que motivó reiteradas interconsultas por parte de los médicos internistas.

La Corte examinó particularmente la Guía Práctica Clínica sobre Eventraciones o Hernias Incisionales del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud-Ica, aprobada mediante Resolución No. 011-DIR-HIV-«AHM»-GRA-ICA-ESSALUD-2015. Dicha guía contemplaba la necesidad de cirugía de emergencia en pacientes con eventración asociada a obstrucción intestinal o hernia encarcelada con signos de compromiso de estrangulamiento visceral, entre ellos, el dolor muy intenso.

La relevancia jurídica de esta disposición radica en que permite concretar el deber objetivo de cuidado exigible al profesional en función de su especialidad y competencia. Por tanto, el análisis no debe limitarse a determinar si el médico actuó conforme a su propio criterio clínico, sino examinar si su comportamiento se mantuvo dentro de los estándares profesionales exigibles para las circunstancias concretas.

La lex artis permite concretar el deber de cuidado, pero su infracción debe acreditarse y vincularse con el riesgo penalmente desaprobado[3].

3. Imputación objetiva y evitabilidad del resultado mediante un juicio previo

Uno de los aspectos más importantes del fundamento duodécimo es la exigencia de que el resultado sea previsible y evitable mediante un análisis ex ante. La Corte Suprema sostiene que la esencia de la conducta imprudente se encuentra en la infracción del deber de cuidado y que el tipo objetivo exige una acción u omisión que supere el riesgo permitido, así como la imputación objetiva del resultado.

Esto obliga a formular una pregunta fundamental ¿Qué habría sucedido si el profesional hubiera actuado conforme al deber de cuidado que le era exigible? La respuesta no puede construirse únicamente desde el conocimiento posterior del desenlace clínico.

Debe examinarse la información disponible al momento de la intervención médica, los signos que presentaba el paciente, las advertencias recibidas y las alternativas terapéuticas que razonablemente podían adoptarse.

En el caso concreto, la Corte consideró relevantes el agravamiento del dolor abdominal, las reiteradas interconsultas y la decisión de mantener un tratamiento conservador sin mayores actuaciones médicas. A partir de la prueba pericial y documental, advirtió que la evolución de la patología herniaria había desencadenado una necrosis intestinal, obstrucción intestinal y un cuadro que culminó en el fallecimiento.

La cuestión no consistía, de forma simple, en relacionar cronológicamente la atención médica con la muerte, sino en determinar si la actuación exigible habría permitido evitar -o no- el resultado y si éste se encontraba dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado infringida.

La imputación objetiva exige algo más que causalidad, requiere que el resultado constituya la realización del riesgo jurídicamente desaprobado[4].

4. La evitabilidad individual: solamente puede infringir un deber quien puede cumplirlo

Este es, a mi juicio, el aporte dogmático más interesante de la ejecutoria. La Corte Suprema precisa que la evitabilidad individual constituye un criterio propio de la interpretación subjetiva de la imprudencia y establece una regla fundamental: solo puede infringir un deber quien tiene la posibilidad de cumplirlo[5].

Esto significa que la atribución de responsabilidad no puede realizarse exclusivamente a partir de la existencia de un deber objetivo de cuidado. También es necesario determinar si, atendiendo a las capacidades individuales del agente y a las circunstancias concretas, estaba en condiciones de adecuar su comportamiento a ese deber.

En el ámbito médico, esta evaluación exige considerar, entre otros aspectos, la especialidad del profesional, sus competencias funcionales, la información clínica que tenía a su disposición, las advertencias recibidas, los medios disponibles y la posibilidad efectiva de adoptar una conducta diferente.

En el caso analizado, la Corte consideró particularmente relevante que los médicos internistas habían promovido reiteradas interconsultas ante la persistencia del dolor abdominal y que, según los peritos, la decisión de ordenar y programar una intervención quirúrgica correspondía al médico cirujano especialista.

Asimismo, los peritos señalaron que la hiperglicemia no constituía un impedimento insalvable para realizar una intervención de emergencia, pues existían tratamientos para estabilizar los niveles de glucosa. Estos elementos fueron relevantes para examinar si el médico encausado tenía la posibilidad concreta de actuar de otra manera.

6. Conclusiones

  • La Casación 2021-2026/Ica permite desarrollar una comprensión más precisa de la responsabilidad penal por imprudencia médica. La infracción de la lex artis constituye un punto de partida para determinar el deber objetivo de cuidado, pero no agota el juicio de imputación.
  • Es indispensable establecer la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, la concreción de ese riesgo en el resultado y la posibilidad individual del profesional de actuar conforme al deber exigible.
  • La evitabilidad individual adquiere así una función delimitadora, no basta establecer qué debía hacerse desde una perspectiva objetiva; también debe determinarse si el agente tenía la capacidad concreta de realizarlo.

 

 


[1] Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Casación No. 2021-2026/Ica. Sala Penal Transitoria.

[2] Roxin, Claus. 2007. Derecho Penal. Parte General. Tomo I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Civitas. pp. 1004-1005.

[3] Feijoo Sánchez, Bernardo. 2007. Imprudencia y responsabilidad del médico: Homenaje a Reinhart Maurach. Ara Editores. p. 142.

[4] Baczkowski, Urs. 2002. Imputación objetiva y el delito imprudente. Editorial Jurídica Cono Sur. p. 85.

[5] Renzikowski, Joachim. 1993. Strafbegründung und Systematik der Fahrlässigkeit. Duncker & Humblot. p. 182.

 

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